La infanta Cristina, a juicio por dos delitos fiscales

El juez José Castro acaba de decretar este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin y la presencia de la Infanta Cristina de Borbón en el banquillo de los acusados. El magistrado ha considerado que la Infanta debe ser juzgada para dirimir los supuestos indicios de fraude fiscal en su papel como cooperadora necesaria de su marido durante 2007 y 2008, cuando Urdangarin defraudó hasta 337.138 euros a Hacienda.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.

Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Agencia Tributaria han detallado a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón. Sin embargo, en su resolución judicial Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor.

'Manos Limpias' reclama ocho años de cárcel

El sindicato Manos Limpias ha justificado su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada unos de los delitos fiscales- al considerar que la hermana menor del Rey incurrió en una agravante al haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios. Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón.

"La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", detalla la entidad en su escrito de acusación, en el que reclama además que la Infanta afronte penas que ascienden a 2.022.861 euros.