Innova favoreció a una empresa que pagó sobornos a Prat

Las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en la sanidad catalana, conocido por el ‘caso Innova’, produjeron ayer un notable salto cualitativo con el auto que el juez Diego Álvarez de Juan, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, presentó sobre el fraude en el servicio del transporte sanitario en las Tierras del Ebro.

El documento, que levanta el secreto de sumario sobre esta pieza separada y llega tras más de un año de investigaciones de la Guardia Civil, revela la existencia de una trama formada por directivos de Sagessa —la filial sanitaria de la antigua empresa municipal de Reus, Innova— y el propietario de la empresa Ambulàncies Baix Ebre (Ambulebre), Bernardo Coslado, detenido el pasado enero.

El juez considera que los imputados han engordado servicios, aplicado un sistema de “doble facturación” y contratado a la empresa con convenios “diseñados para que no hubiese ningún tipo de control y con evidente perjuicio de los intereses públicos”.

El auto también señala el pago de supuestos sobornos al ex director de Innova y ex presidente del ICS, Josep Prat, por parte de Coslado —a razón de casi 5.000 euros al mes— para ejercer presiones en el concurso público en marcha para adjudicar el transporte sanitario en Cataluña, dotado con 215 millones de euros.

Prat se reunió al menos una vez -el juez estima que “posiblemente” fueron más veces- con el consejero de Salud, Boi Ruiz, en febrero de 2012. El juez considera que “tal vez no sea extraño que el presidente del ICS concierte reuniones entre el consejero y un prestador de servicios de la Generalidad, pero sí lo es, e indiciariamente delictivo, que Prat cobre casi 5.000 euros [mensuales] de este prestador de servicios”. Según el juez, “el pago de tales cantidades iban dirigidas, en realidad, a conseguir una posición ventajosa en el próximo concurso del transporte sanitario de la Generalidad”.

Sobre el desvío de dinero a Ambulebre, el juez considera acreditado que la empresa consiguió irregularmente como mínimo unos 640.295 euros solo en los años 2010 y 2011 gracias al papel de tres directivos de Sagessa —Lluis Nualart, Enric Agustí y Joan Benet— a los que el magistrado ha imputado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El auto judicial describe claramente como “individuos del sector del transporte sanitario han interactuado para conseguir la perpetuación de la posición de aquellos proveedores que ya están asentados y evitar la entrada de nuevos”. Coslado se habría beneficiado de su “particular posición de adjudicatario de diversos lotes” de servicios de transporte sanitario del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para desarrollar actividades “dignas de reproche penal”.

El auto concluye que todo ello supone “una perversión del sistema de contratación pública, violentando la ley hasta hacerla inservible para los fines del buen uso de los bienes públicos: economía y eficacia”. El auto añade que resulta “particularmente reprobable que se busque el enriquecimiento a través de la comisión de unos hechos presuntamente delictivos [...] en un servicio público vital como el transporte sanitario”.