El Gobierno autonómico que preside Artur Mas ha procurado distanciarse al máximo de la imputación del ex presidente de la Generalidad, fundador de CDC y CiU y 'padre' del nacionalismo catalán moderno, Jordi Pujol. Desde el ejecutivo autonómico se han limitado a recordar la "presunción de inocencia". Y se ha pretendido desvincular los hechos del proyecto secesionista que abandera Mas.

La primera valoración de urgencia de la imputación de Pujol la ha hecho el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs. Preguntado por los hechos en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Homs, que ha dicho conocer la imputación en ese mismo momento, ha llamado a "respetar" el principio de la "presunción de inocencia". Sin proclamar, de hecho, la inocencia del fundador de su partido.

A Homs le ha preguntado también, de forma más insistente, por las posibles repercusiones de la imputación de Pujol en el proyecto secesionista, y más en concreto, en las negociaciones en marcha entre Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre sus respectivas hojas de ruta independentistas. Y Homs ha intentado negar cualquier relación. "No veo el vínculo", ha dicho.

Homs recuerda que Pujol confesó en julio

Homs ha argumentado, en este sentido, que si hubiera algún "vínculo", este se habría manifestado ya "desde el momento en que hubo confesión" del propio Pujol, aludiendo a sus palabras del mes de julio, cuando reconoció haber ocultado dinero de la familia en el extranjero durante más de tres décadas.

No obstante la valoración de Homs, los analistas si creyeron ver un perjuicio en las encuestas para CiU, y para el independentismo en general, después del estallido del caso Pujol. Un perjuicio que, no obstante, y al menos en cuanto a CiU, pareció revertir tras el sucedáneo de consulta secesionista del pasado 9 de noviembre.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno autonómico se persone en el caso, Homs también ha dejado meridianamente claro que la Generalidad no quiere implicarse en el caso. "Lo que hacen los servicios jurídicos de la Generalidad es preservar el interés general, no actuar en función de si algo tiene más o menos relevancia", ha señalado.