La Fiscalía pide que se admita una querella contra el uso del censo del 9N

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidió este jueves que se admitiera a trámite la demanda presentada a título personal por el jurista Alejandro Rusiñol contra la orden del Gobierno autonómico del pasado 26 de septiembre que regula los ficheros con datos de carácter personal gestionados por la misma Ejecutiva autonómica.

Como informa El Mundo, la demanda explicita que los datos personales fueron usados para la creación de una base de datos que posibilitó el envío de propaganda electoral por parte de la Generalitat sobre el denominado ‘proceso participativo’ celebrado el 9 de noviembre.

El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio se mostró contrario al escrito del Gobierno autonómico reclamando que no se admita la demanda y avaló el recurso contra la orden. La Generalidad, por su parte, ha declarado que esta norma reguladora de ficheros está suspendida por el Tribunal Constitucional y que, en consecuencia, no ha producido ningún efecto en la sociedad.

Un argumento que ha sido contestado por la Fiscalía y por el abogado Manuel Miró, al afirmar que para el ‘proceso participativo” se utilizó “una suerte de censo electoral para enviar propaganda electoral”. Un acto administrativo del Gobierno autonómico que, a juicio de la Fiscalía, produjo “un efecto concreto”.

Por último, el abogado Manuel Miró ha añadido que la suspensión de la orden no significa su anulación, argumentando que la Generalidad no ha publicitado que esta normativa no esté en vigor.