Rajoy presenta sus propuestas anticorrupción

La batería de medidas para la lucha contra la corrupción que anunció el año pasado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha echado a andar en el Congreso de los Diputados este jueves, tras meses de negociaciones entre el PP y la oposición, y al haber superado el debate de totalidad. Se prevé que las medidas -dos proyectos de ley que ha presentado el propio Rajoy-, se aprueben definitivamente en diciembre o enero.

Las medidas forman parte de las futuras leyes de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos -que modifica la Ley de Partidos, la Ley de Financiación de Partidos y la del Tribunal de Cuentas-, y la ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo en la Administración General del Estado, y han superado su primer trámite parlamentario al rechazar la mayoría del PP las enmiendas a la totalidad del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y BNG.

Financiación de los partidos

Entre la batería de medidas de Rajoy destacan las que pretenden dar mayor transparencia a la financiación de los partidos. Así, el proyecto de ley de actividad económica-financiera de los partidos prevé prohibir las donaciones de personas jurídicas a las formaciones políticas y las condonaciones de deuda. Además, una enmienda del propio PP rebajará de 100.000 hasta 50.000 euros anuales el límite de las donaciones de particulares.

Por otra parte, las donaciones de más de 25.000 euros serán claramente públicas: deberán notificarse al Tribunal de Cuentas y publicarse en la página web de la formación política beneficiada, con identificación del donante.

En cuanto al funcionamiento de los partidos, estos deberán presentar sus cuentas anualmente -podrán ser extinguidos judicialmente si no lo hacen- y renovar sus órganos de dirección como máximo cada cuatro años, en un proceso a elección de cada formación, pero que ha de garantizar la participación democrática.

Suspensión de militancia con el juicio oral

En cuanto a los casos de presunta corrupción, los estatutos de los partidos deberán garantizar la expulsión de los condenados, y la suspensión automática de militancia a los imputados cuando se les abra juicio oral.

Rajoy también ha hablado de medidas para agilizar el funcionamiento de la justicia en los casos de corrupción política. Por una parte, el Gobierno convocará el próximo año 100 nuevas plazas de jueces y fiscales. Por otra, se fijará un tiempo máximo para la instrucción de los casos.

Además, se endurecen las penas de inhabilitación, se retrasa de 10 a 15 años la prescripción de los delitos más graves de corrupción, y se somete a control parlamentario la concesión de indultos. También se endurecerán las condiciones a las empresas para contratar con la administración.