El Gobierno de la Generalidad que lidera Artur Mas ha dado un nuevo paso en su desafío secesionista. Concretamente, en cuanto a seguir creando las llamadas "estructuras de Estado" de cara a una hipotética Cataluña independiente. Y, más concretamente, en cuanto a la puesta en marcha de una agencia tributaria exclusivamente catalana, para lo cual prevé crear un nuevo cuerpo de funcionarios de dedicación exclusiva. Un cuerpo en el que se pretende 'fichar' también a inspectores de la Agencia Tributaria

El Consejo Ejecutivo del Gobierno autonómico ha aprobado este martes el proyecto de ley de organización de los cuerpos de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Catalunya, según ha explicado, en rueda de prensa, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Francesc Homs.

El proyecto de ley, como se ha encargado de recalcar Homs, no tiene un impacto presupuestario directo sobre las depauperadas arcas de la Generalidad. Pero lo tendrá en un futuro, ya que se prevé aumentar la plantilla de funcionarios.

Concretamente, el texto del proyecto de ley contempla crear el llamado Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de Cataluña, a la vez que se suprimen y reorganizan otras escalas de funcionarios, que se prevé que se integren en el nuevo cuerpo, que constituirá el embrión del equipo de inspectores de la la Agencia Tributaria de Cataluña.

Aumento paulatino de plantilla

El Gobierno autonómico ha indicado que su intención es ir aumentando "de forma eficiente y ordenada" la plantilla de inspectores de la Agencia Tributaria de Cataluña, para que esta, "en un futuro más o menos cercano", pueda "asumir las plenas competencias de gestión, inspección y recaudación de todos los tributos soportados en Cataluña".

Como ya sucedió cuando los Mossos d'Esquadra se desplegaron por todo el territorio catalán, para lo cual se facilitó la entrada en la policía autonómica de agentes de otros cuerpos policiales, ahora también se prevé 'fichar' a inspectores de la Agencia Tributaria. En concreto, el proyecto de ley prevé "la integración voluntaria, mediante convocatoria pública, de funcionarios de otras administraciones públicas que pertenezcan a cuerpos con funciones equivalentes".

Aunque a simple vista este parezca un proyecto de ley eminentemente técnico, tiene un gran peso político. En primer lugar, responde a los acuerdos firmados entre CiU y ERC hace un año para aprobar los presupuestos de la Generalidad de 2014. El acuerdo llamaba a desarrollar las "estructuras de Estado" de una hipotética Cataluña independiente. Es decir, las estructuras que permitieran funcionar a una Cataluña separada del resto de España desde el día de la independencia. Y la recaudación, la "llave de la caja", es una de las más fundamentales. Especialmente en el caso, no descartable, de una declaración unilateral de independencia.

"Discreción" en el proyecto

En este sentido, es destacable como Homs ha precisado hoy que el Gobierno autonómico ha estado trabajando con "discreción" en este proyecto. A la vez, ha indicado que, entre su aprobación y su puesta en marcha, deberá pasar "poco tiempo", para evitar que sea impugnado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, Homs ha recordado la "experiencia" reciente de la Generalidad, aludiendo al simulacro de consulta secesionista del 9N.

En cuanto a las cifras y los plazos, Homs no ha soltado prenda. No obstante, el Gobierno autonómico calculó antes del verano que la "Hacienda propia" catalana necesitaría un mínimo de tres años para funcionar "a pleno rendimiento", en el caso probable de que el Gobierno no colabore en su puesta en funcionamiento.

Además, un informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional, el 'consejo de sabios' de Mas en su proyecto secesionista, calculó que esta "hacienda propia" catalana debería contar con una plantilla de entre 7.000 y 8.000 trabajadores.