Fuenteovejuna en el Gobierno de la Generalidad. El presidente autonómico, Artur Mas, la vicepresidenta y consejera de Gobernación, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, no deben ser los únicos responsables ante la justicia por haber organizado el simulacro de consulta secesionista del día 9 en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional. O al menos, esa es la intención del Gobierno autonómico, que pretende ser tratado en bloque si la querella contra Mas, Ortega y Rigau sigue adelante.
Así lo ha asegurado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo ejecutivo, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad, Francesc Homs, que ha explicado que el Ejecutivo autonómico solicitará declarar en bloque en relación a la querella.
Homs ha explicado que el Gobierno autonómico "se considera corresponsable y solidario con todas las decisiones del 9N", por lo que, si la querella contra Mas, Ortega y Rigau se admite a trámite, se inicia la instrucción y los querellados son llamados a declarar, el Gobierno de la Generalidad pedirá comparecer y declarar "en su totalidad".
Prisión e inhabilitación
En la querella, presentada el pasado viernes, la Fiscalía Superior de Cataluña acusa al presidente de la Generalidad, a la vicepresidenta autonómica y a la consejera de Enseñanza de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos al organizar la consulta independentista pese a estar suspendida por el Tribunal Constitucional. Los delitos de los que se les acusa llevan asociadas penas de prisión y de inhabilitación para cargo público por varios años.
La querella la presentó la Fiscalía Superior de Cataluña, pero a regañadientes, y solo después de la orden reiterada del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, a quien los fiscales catalanes habían desobedecido una primera orden de presentar la querella.