La Policía Nacional está investigando cualquier indicio que demuestre que el Gobierno de la Generalidad ha tenido un comportamiento irregular o ilegal en relación a la consulta secesionista del 9 de noviembre.
Ante la pasividad de los Mossos d’Esquadra de realizar esta investigación, ha sido la propia Policía Nacional la que ha tomado la iniciativa de buscar cualquier evidencia que acredite que el Gobierno autonómico de Artur Mas no habría actuado conforme a la legalidad.
Entre las sospechas que existen y que apuntan al Ejecutivo autonómico, se encuentra la posibilidad de que los fondos del denominado “proceso participativo” fueran sufragados por la Generalidad.
La Generalidad podría haber cedido el censo
Otro de los puntos claves de la investigación es intentar obtener información que demuestre que hubo una cesión del censo por parte de la Generalidad a las asociaciones de voluntarios que se encargaban de supervisar la votación del 9N.
Los agentes de la policía están estudiando todos los procedimientos que el Gobierno autonómico puso en marcha desde que en diciembre pasado se anunciase la intención de celebrar una consulta secesionista.
Envío a la Fiscalía para que tome medidas
Cuando se haya obtenido todo el material, la misma Policía Nacional entregará esta documentación a la Fiscalía para que sea este órgano el que tome las medidas oportunas en caso de que se confirme que detrás del 9N está el Gobierno de Artur Mas.
Una recopilación de evidencias realizada con el fin de poder corroborar la existencia de ilegalidades concretas cometidas por Mas y así asegurar que acate su responsabilidad sin escudarse ante un "limbo" legal.