Desde el Gobierno se sigue manteniendo un perfil bajo, evitando al máximo las declaraciones, respecto a la consulta secesionista celebrada ayer domingo, en el que solo participó un tercio de los llamados a votar por la Generalidad y el entorno independentista, y solo hubo 1,8 millones de votos a favor de la independencia, en un "censo" de 6,3 millones. Pero no así desde el PP, que hoy lunes ha cargado duramente contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, a quien ha advertido de que sus actos tendrán consecuencias legales.
"Va a ser un día de cartas en el Palau", ha ironizado este lunes el vicesecretario de Estudios y Programas del PP y portavoz del partido en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en alusión a la misiva que Mas ha afirmado que enviará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiéndole abrir una negociación, y añadiendo que el presidente autonómico recibirá también una comunicación de la Fiscalía, por organizar el 9N en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional.
"Espero que el fiscal le llame. Me gustaría", ha añadido González Pons, que ha señalado que el sucedáneo de consulta se sufragó con fondos públicos, en lo que es "claramente un delito" que la Fiscalía debe perseguir. En este sentido, el dirigente popular no ha limitado las posibles responsabilidades penales a la Generalidad, sino que ha opinado que habrá funcionarios que deberán pagar "por las órdenes que recibieron de sus jefes". "Nadie puede pensar que saltarse la ley es gratis, al que se la salta se le tiene que aplicar", ha concluido.
Cospedal: "El Gobierno actuará"
En un tono parecido se ha expresado la secretaria general del PP y presidenta autonómica de Castilla-la Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha asegurado que "el Gobierno actuará en consecuencia" tras la vulneración de las órdenes del Constitucional.
"Todos los españoles tenemos derecho a decidir sobre nuestro presente, ese derecho corresponde a los españoles y algunos han intentado quitar ese derecho a todos", ha valorado Cospedal sobre el 9N, del que ha dicho que fue un intento no logrado de vulnerar la soberanía nacional, y que ha calificado de "simulacro estéril, inútil y realizado al margen de la legalidad".
Cospedal también ha restado cualquier validez al resultado del sucedáneo de consulta, al recordar que se llevó a cabo "sin control de legalidad, sin interventores, sin Junta Electoral, sin control de cualquier sistema de emisión", y que, además, se podrá seguir votando durante los próximos días. "No tienen fiabilidad, y hemos visto que el respaldo ha estado muy por debajo de lo que algunos pretendían", ha remachado.