El juez de guardia de Barcelona Gonzalo de Dios Hoyo ha rechazado tomar las medidas cautelares contra la consulta independentista organizada por la Generalidad en contra de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) que había solicitado UPyD -que entre otras cosas reclamaba la retirada de las urnas y el cierre de los centros públicos donde se está votando- porque "no guardan proporcionalidad y no aparecen este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción", porque se ha opuesto a ellas la Fiscalía y porque no lo ha solicitado el propio TC.
Además, el magistrado considera que "el sustrato político y de normativa constitucional que evidentemente late bajo estos hechos no corresponde solucionarlo a los tribunales de la jurisdicción penal ordinaria y menos por la vía de urgencia", y destaca que como los tres responsables señalados de los hechos denunciados -el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y los consejeros de Enseñanza, Irene Rigau, e Interior, Ramon Espadaler- son aforados, estos deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En todo caso, el juez sí que ha admitido a trámite la denuncia y ha incoado diligencias para que se investiguen los hechos denunciados por si son constitutivos de algún tipo de delito. Una decisión idéntica a la que ha adoptado con otras dos denuncias presentadas por un concejal del PP de Esplugues y por PxC.
En Tarragona ordenan identificar los locales públicos y a sus responsables
Por otra parte, el juzgado de guardia de Badalona también ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por un denunciante particular contra la celebración del 9N.
Y, finalmente, el juzgado de guardia de Tarragona ha rechazado las medidas cautelares reclamadas por un denunciante particular que reclamaba retirar las urnas, aunque sí ha ordenado a los Mossos d'Esquadra identificar los locales públicos donde se estaba votando, así como a los responsables de permitir estas votaciones.