Agbar exige a la Generalidad que rescinda de inmediato la concesión de ATLL a Acciona tras su anulación por parte del Supremo

Agbar ha presentado tres requerimientos dirigidos, respectivamente, al presidente de la Generalidad, Artur Mas; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; y al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, en los que les exige "la inmediata ejecución de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) de 2 de enero de 2013 y se proceda a la liquidación del contrato" adjudicado a Acciona para la gestión durante cincuenta años de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL).

Los requerimientos se han emitido unos días después de que el Tribunal Supremo confirmase que la adjudicación de ATLL a Acciona fue ilegal, al no hacer caso de las advertencias del OARCC, que denunció que la oferta de Acciona no cumplía los requisitos exigidos para ganar el concurso. Lo que supuso que la oferta de Agbar fuese desestimada injustamente.

"Se están lesionando los intereses de Agbar"

Agbar reclama al Ejecutivo autonómico que "se abstenga de realizar cualquier actuación en relación con ATLL Concesionaria distinta de la conducente a dicha liquidación" y que se abstenga de "adoptar cualquier decisión que pueda ser interpretada como un beneficio, apoyo, consolidación o reconocimiento de la posición de ATLL Concesionaria como gestor del servicio público”.

Agbar advierte de que "la recalcitrante actitud" de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad "está conduciendo a una situación de grave riesgo para el servicio y de responsabilidad para la Generalidad" y "se están lesionando los intereses de Agbar, que debería ser ya, si se hubiera excluido, como el OARCC ordenó, al licitador Acciona Agua, el adjudicatario y titular del contrato ATLL".

También recuerda que "existe responsabilidad patrimonial exigible" a la Consejería, y alerta de que "la resistencia al cumplimiento de actos administrativos eficaces y de las resoluciones judiciales tiene una gravedad que trasciende lo meramente administrativo", y va contra el derecho comunitario. Por todo ello, Agbar subraya que se reserva el derecho a proceder con "todas las acciones que correspondan para restablecer la legalidad y exigir responsabilidades”.