El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la consulta independentista alternativa promovida para el 9 de noviembre por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, basándose en el informe aprobado este jueves por el Consejo de Estado, que avala ese recurso.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha denunciado que el 9N se está organizando "sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas", y ha recordado que está previsto para la misma fecha que la consulta ya suspendida por el TC, con las mismas preguntas, las mismas papeletas y las mismas urnas, además de no tener ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto".
Sáenz de Santamaría ha explicado que, con el recurso, el Gobierno pretende asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes y, especialmente, los de los funcionarios, a los que considera que Mas pretende "colocar a la intemperie" sin darles ninguna cobertura legal.