El Gobierno no se ha quedado cruzado de brazos ante el nuevo desafío independentista lanzado desde al menos 239 de los 947 ayuntamientos catalanes, que siguen adelante con preparativos para el referéndum secesionista del 9 de noviembre, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió su convocatoria y la ley autonómica bajo la cual se convocó, y que prohibió expresamente llevar a cabo cualquier "actuación de preparación" de la consulta suspendida. La opción del Gobierno, de momento, sutil: se ha limitado a recordar a los funcionarios municipales cuales son sus obligaciones.
El método ha sido una carta enviada por la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, a los secretarios e interventores de los ayuntamientos y consejos comarcales, así como de las cuatro diputaciones.
En la misiva, Llanos de Luna empieza recordando que, de acuerdo con lo que fija la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno Rajoy el pasado diciembre, los funcionarios de la administración local pasan a tener una "dependencia funcional" de la Administración General del Estado.
Recuerda la decisión del TC
Una vez recordado de quien dependen "funcionalmente", la Delegada del Gobierno precisa que este hecho "cobra especial relevancia" en el caso de la decisión del TC de suspender la consulta secesionista, la ley autonómica al amparo de la cual se convocó, y, muy especialmente, la prohibición de "las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella".
Aunque Llanos de Luna no lo menciona en ningún momento en su carta, esta se ha enviado pocos días después de la recepción del presidente de la Generalidad, Artur Mas, a 800 alcaldes catalanes, que le entregaron mociones en defensa de la consulta del 9N. Y justo cuando ha trascendido que 239 de los 947 municipios de toda Cataluña ya han comunicado oficialmente a la Consejería de Gobernación y Relaciones Institucionales que han designado un coordinador municipal para el referéndum del 9N, además de que 72 ayuntamientos han seleccionado y confirmado a la Generalidad los puntos de votación para el 9N.
La carta de Llanos de Luna también omite advertir a los funcionarios que se pueden enfrentar a responsabilidades de algún tipo. Simplemente les recuerda que "los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y de colaborar en su ejecución", y se pone a su "total disposición" para aclarar cualquier "cuestión" que puedan plantear al respecto.