El Gobierno lleva también al Constitucional la Comisión de Control del 9N

El Gobierno no se ha quedado con los brazos cruzados tras el último desafío de los partidos promotores del 9N y del presidente de la Generalidad, Artur Mas, que la semana pasada dieron los pasos para crear la 'junta electoral' del referéndum independentista a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había suspendido, al igual que todos sus preparativos.

El trámite lo ha llevado a cabo la Abogacía del Estado -que ya presentó los recursos contra la Ley de Consultas y contra el decreto de convocatoria del referéndum-, en un incidente de ejecución presentado al Alto tribunal, por la creación de la Comisión de Control del 9N, el equivalente en la suspendida Ley de Consultas a la junta electoral.

Los pasos del incumplimiento

El posible incumplimiento de las órdenes del TC ha tenido dos fases. En la primera, los partidos que promueven la consulta independentista votaron el pasado miércoles en el Parlamento autonómico designar a los miembros de la Comisión de Control. El argumento señalado entonces por algunos fue que esa votación no implicaba desobedecer al TC, pues hasta que Mas no firmase el decreto correspondiente, la designación no era firme.

Y solo un día después, Mas firmó el decreto, poniéndose aparentemente en el terreno de la prevaricación. Aunque con el matiz de que el decreto incorporaba una importante salvaguarda jurídica, al especificar que el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control se hacía "a los efectos de la vigencia correspondiente".

Una "vigencia" que sí parecen confirmar los hechos: el domingo ya se reunió por primera vez la Comisión de Control, y uno de sus miembros ya ha renunciado, por falta de "garantías democráticas" y al considerar que estaba "fuera de la ley".

El viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya avisó de que el Ejecutivo estaba preparando nuevas acciones, por este nuevo desafío de Mas al Constitucional.