El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha firmado este jueves por la tarde el decreto de nombramiento de los siete miembros de la Comisión de Control para el referéndum secesionista del 9 de noviembre, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó este lunes la suspensión cautelar de todas las "actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella".
De esta forma, Mas ha decidido dar un paso más en su desafío al Tribunal Constitucional (TC), dando continuidad al acto de desobediencia que inició este miércoles el Parlamento autonómico al aprobar el nombramiento de los citados miembros de la Comisión de Control. Entonces, PSC, PP y C's ya advirtieron de que se trataba de un paso claramente ilegal, y el PP anunció que lo llevaría ante la Fiscalía.
'Cláusula de salvaguarda'
La firma de Mas de este jueves le sitúa al borde de la prevaricación. Si bien, el texto de decreto señala que el nombramiento se hace "a los efectos de la vigencia correspondiente", lo que podría considerarse como una suerte de cláusula de salvaguarda ante posibles implicaciones penales.
De hecho, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha declarado a los medios que, aunque "es un paso firme que compromete" a Mas, están "convencidos de que es un paso que se puede hacer" jurídicamente hablando.