La Generalidad advierte al TC de que mantener suspendido el referéndum puede generar "extremismo político" y "violencia"

"Cuando se plantean importantes retos para la gobernabilidad, los parlamentos no los resuelven y la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma decisiones políticas, estas diferencias tienden a alimentar el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia".

Con esta argumentación, la Generalidad de Cataluña cierra su escrito de 32 páginas enviado este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) en el que le solicita el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto de convocatoria del referéndum secesionista del próximo 9 de noviembre.

"Es difícil prever las consecuencias"

El Ejecutivo autonómico apela a una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del año 2003 para lanzar esta amenaza velada al TC y al Gobierno.

E insiste en advertir de que "no existen precedentes de iniciativas legales que hayan suscitado un apoyo popular e institucional de esas proporciones", en referencia a las manifestaciones independentistas de los últimos años, por lo que, "en este escenario, si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, tal como demandan tantos ciudadanos en Catalunya, es difícil prever las consecuencias".

Perjuicios irreversibles y aspiraciones frustradas

La Generalidad subraya que, en caso de que se mantenga la suspensión cautelar, se causarán "perjuicios" de "carácter irreversible" y "no reparable por el propio transcurso del tiempo, y de la premura con la que la ciudadanía reclama manifestar su opinión a través de una consulta institucionalizada".

Unos perjuicios "para la ciudadanía de Cataluña" que concretan en que esta "se vería privada de este cauce legal para la expresión de sus opiniones y aspiraciones políticas", "frustrando las aspiraciones expresadas por tal gran número de ciudadanos de Cataluña".

"Graves riesgos" sobre "las expectativas sociales"

De igual forma, el escrito enviado por el Parlamento autonómico al TC también alerta de que "cerrar un cauce legal de expresión del 'derecho a decidir' de los ciudadanos de Cataluña" supone un "perjuicio" para "el principio de legitimidad democrática".

Y advierte de "los graves riesgos que esto puede causar a las expectativas sociales en Cataluña".