La Generalidad paraliza la campaña del 9N

El Gobierno de la Generalidad no llegará tan lejos en su desafío independentista como para desobedecer frontalmente una orden explícita del Tribunal Constitucional (TC). Al menos, de momento, menos de 24 horas después de que el alto tribunal suspendiera la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del 9N, y ordenara suspender todas las actuaciones relacionadas con el referéndum. Así lo ha aclarado este martes el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, que ha informado de que la Generalidad suspende la campaña institucional para llamar a la participación el 9N.

En rueda de prensa después del Consejo Ejecutivo, Homs ha hecho un cierto ejercicio de equilibrismo para, a la vez que explicaba que la Generalidad acataba la decisión del TC, aparentar la firmeza que le exige el independentismo más radical.

Así, Homs ha justificado la decisión de detener la campaña institucional del 9N no por la obediencia a las decisiones de la justicia, sino por la voluntad del Gobierno autonómico de "no poner contra las cuerdas" a los trabajadores de la Generalidad encargados de divulgar la campaña. En este sentido, Homs ha explicado que las "responsabilidades" las ha de "asumir" el ejecutivo autonómico, y no el personal de la Generalidad.

"El lunes no acabó nada"

Además, Homs ha querido puntualizar que la campaña institucional se retira de forma "cautelar" y "temporal", a la espera de que el TC se pronuncie sobre los recursos que presentará en breve la propia Generalidad contra la suspensión tanto de la Ley de Consultas como de la convocatoria del referéndum independentista del 9N.

En este misma linea, Homs también ha recalcado que la ley autonómica con la que se convocó la consulta secesionista del 9N no está anulada, sino solo suspendida, y que "si alguien se pensaba que con lo que pasó el lunes todo se pararía y quedaría liquidado, el mensaje que queremos dar es que el lunes no acabó nada", según ha advertido.

Finalmente, Homs ha confirmado que la Generalidad presentará alegaciones contra la decisión del TC, y ha pedido al alto tribunal que decida al respecto con la misma velocidad con la que admitió a trámite los recursos del Gobierno contra la Ley de Consultas y la convocatoria del referéndum secesionista del 9N.