La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, insistió ayer desde la Moncloa de que se ha puesto en marcha la maquinaria estatal para hacer frente a una posible desobediencia por parte del presidente de la Generalidad, Artur Mas, y sus socios republicanos.
La actuación del Gobierno
El primer paso en la actuación del Gobierno consistirá en enviar una misiva a todos los empleados públicos y funcionarios catalanes, incluidos los Mossos d'Esquadra, recordándoles de que están obligados a cumplir la ley y las graves consecuencias que acarrearía no hacerlo.
Un ‘paquete de medidas’ de la Fiscalía
El digital Vozpópuli informa de que además de la contienda política llevada a cabo por el Gobierno, a esta se le une ahora la batalla jurídica, la cual no ha hecho más que empezar.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulces, se reunió hace unos días en Barcelona con los fiscales de Cataluña para evaluar las medidas que tocarían adoptar en el caso de que el ejecutivo autonómico vulnere el dictamen constitucional.
Torres Dulce comunicó la serie de medidas a estudiar en el caso de que la Generalitat traspase las líneas de la legalidad.
La primera de ellas sería la interposición de una querella contra el presidente de la Generalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presunto delito de desobediencia.
Además del Presidente de la Generalidad, otros miembros de su gobierno y altos funcionarios de la administración autonómica podrían ser acusados por incurrir en delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, prevaricación y hasta sedición, en el caso de que haya movimientos en la calle.