El Tribunal Constitucional suspende la Ley de Consultas y el referéndum secesionista convocado por Mas para el 9 de noviembre

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por unanimidad, ha admitido a trámite este lunes por la tarde los recursos presentados por el Gobierno contra la Ley de Consultas no Refrendarias de la Generalidad de Cataluña y contra el decreto de convocatoria firmado por Artur Mas este sábado para celebrar un referéndum para la secesión de Cataluña el próximo 9 de noviembre.

Con esta admisión a trámite, tanto la ley como el decreto de convocatoria han quedado suspendidos cautelarmente hasta que el TC emita su sentencia. Si esta tardase más de cinco meses, el Alto tribunal deberá decidir si levanta o mantiene la suspensión cautelar.

En todo caso, el TC dará traslado de los recursos al Congreso, al Senado y a la Generalidad para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen pertinentes en un plazo de quince días.

Proceso urgente

Los doce magistrados que integran el TC han iniciado hacia las 18:40 horas el pleno extraordinario para estudiar la admisión o no a trámite de los recursos, una reunión que ha sido convocada de urgencia a petición de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos.

Horas antes, la abogada general del Estado y directora del Servicio Jurídico del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha registrado personalmente en el TC los recursos aprobados esta misma mañana por el Consejo de Ministros. Anteriormente, el domingo por la noche, el Consejo de Estado había emitido un dictamen en el que avalaba los recursos propuestos por el Gobierno.

El Gobierno pide que se paren todas las actuaciones

Cabe destacar que, en sus recursos, el Gobierno ha solicitado que -junto con la suspensión de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del referéndum- también sean suspendidas "las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como de cualquier actuación vinculada a la referida consulta".

El Ejecutivo trata de frenar de esta forma al presidente de la Generalidad, quien este sábado aseguró que, aunque el TC suspendiese la ley y la convocatora, su intención era continuar con "todos los preparativos" de cara al referéndum secesionsita del 9 de noviembre, lo que incluye el despliegue logístico y la campaña institucional.

Ahora serán los tribunales ordinarios y la fiscalía los que deberán velar por el cumplimiento efectivo de la suspensión de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del referéndum, así como de todas las actuaciones vinculadas a ellos.