El TC justifica la rapidez de su respuesta por "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas"

La rapidez con que las instituciones del Estado han actuado frente a la convocatoria del referéndum secesionista ha generado las críticas del presidente de la Generalidad, Artur Mas, principal promotor de la iniciativa.

Inmediatamente después de que el sábado Mas aprobase el decreto de convocatoria, el Gobierno solicitó al Consejo de Estado un dictamen sobre la constitucionalidad de la Ley de Consultas y sobre el decreto. El domingo, el Consejo de Estado emitió el dictamen avalando los recursos contra ambos textos y lo envió al Gobierno. Este lunes, el Consejo de Minsitros, en una reunión extraordinaria, ha aprobado los recursos y los ha registrado en el Tribunal Constitucional (TC). Y este ha convocado una reunión extraordinaria del pleno que esta misma tarde ha admitido a trámite los recursos y, por tanto, tanto la ley como el decreto de convocatoria han quedado suspendidos cautelarmente.

Urgencia por "la trascendencia constitucional y política" del asunto

El TC ha justificado la celeridad a la hora de atender este asunto. "En el presente caso, la decisión del Pleno de no demorar su resolución -limitada a comprobar la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad de los recursos, sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos- obedece a que el Tribunal Constitucional es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana", ha explicado en un comunicado.

Estas explicaciones no han convencido a Mas, que ha ironizado al respecto: "Veo que el TC esta vez se ha reunido a velocidad supersónica, han roto la barrera del sonido, porque es que no han esperado ni un solo día. Eso no había pasado nunca en 35 años de Constitución vigente. Nunca había pasado una cosa de estas características".

Una rapidez no tan excepcional

Sin embargo, no es la primera vez que el TC responde de forma inmediata a asuntos de especial trascendencia. En julio de 2008, el Tribunal Constitucional tardó solo 48 horas en admitir a trámite -y, por tanto, suspender cautelarmente- el recurso del Gobierno Zapatero contra el Plan Ibarretxe, pese a que faltaban más de tres meses para la fecha propuesta por el entonces lendakari para celebrar un referéndum independentista. En julio de 2013, el TC también tardó solo dos días en admitir a trámite el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios.

En todo caso, lo cierto es que las instituciones del Estado no han sido, ni de lejos, tan rápidas como las de la Generalidad. Este sábado por la mañana, en solo unos minutos, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) publicó la Ley de Consultas; el presidente de la Generalidad firmó el decreto de convocatoria del referéndum; el DOGC publicó ese decreto; el Gobierno autonómico activó una web institucional para promover el referéndum y lanzó un spot promocional; la presidenta del Parlamento autonómico convocó un pleno para elegir a los miembros de la Comisión de Control; y la vicepresidenta de la Generalidad firmó cuatro convenios: uno con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) -para encargar la impresión de las papeletas y la fabricación de las urnas de cartón-, otro con el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) -para utilizar el Registro de Población como censo para el referéndum-, otro con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad (CTTI) -para encargarle la gestión informática de la consulta-, y otro con el departamento autonómico de la Presidencia -para poder utilizar el Registro de catalanes residentes en el exterior-. Sin duda, todo un record de actividad.