El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ha asegurado en declaraciones a Cataluña Radio que, una vez se haya suspendido la ley de consultas por parte del Tribunal Constitucional, cualquier acto de colaboración de alcaldes, funcionarios o por los propios ciudadanos comportará una inhabilitación por delito de prevaricación.
La consulta del 9 de noviembre se convertirá en ilegal desde el momento en que el Constitucional la suspenda, ha sentenciado Mena: “Desde ese momento, las autoridades, funcionarios y particulares que realicen actividades tendentes material y directamente a la ejecución de la consulta cometerán un delito que lleva aparejada la inhabilitación para alcaldes, concejales, ciudadanos, incluso para los titulares de los locales donde se realicen actos o se preparen las instalaciones para la votación de la consulta”.
Una habilitación que, además, llegaría a través de “juicios rápidos” a todos los funcionarios y ciudadanos que no cedieran en su propósito de celebrar la consulta ilegal.
El presidente autonómico, Artur Mas, sería el único representante público que, por su condición de alto cargo, no podría ser inhabilitado, ha añadido el ex fiscal.