A Mas le faltan 3.300 millones para cuadrar las cuentas de 2015

A la Generalidad no le salen los números. El Gobierno autonómico necesitaría recortar 3.300 millones de euros de gasto para cuadrar las cuentas del 2015, según el objetivo de déficit para las CCAA del año que viene. Un recorte "brutal", en palabras del consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, que el ejecutivo autonómico "no hará". Por lo cual el propio Mas-Colell propone otro remedio: exigir al Gobierno.

En una conferencia en Gerona, Mas-Colell ha explicado que el Gobierno "nos està exigiendo que reduzcamos nuevamente el gasto en una magnitud simplemente brutal: un 14,3%, un 1,6% del PIB". "Y no lo haremos", ha proclamado.

El consejero ha defendido que la Generalidad ya ha reducido un 20% sus gastos desde 2010, y que reducirlos aun más significaría condenar los servicios públicos "a un deterioro seguro y severo".

De hecho, los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno autonómico contemplaban un aumento de los ingresos extraordinarios, sobre todo por la vía de las concesiones y la venta de inmuebles. En parte, para satisfacer la voluntad de los socios externos de CiU, ERC, de no aprobar nuevos recortes presupuestarios.

No puede aumentar ingresos extra

La Generalidad, no obstante, se está quedando corta a la hora de aumentar sus ingresos por esta vía, y así lo ha venido a reconocer Mas-Colell, que ha explicado que el Gobierno autonómico no podrá renovar sus ingresos no recurrentes para el año que viene.

En este sentido, Mas-Colell ha hecho una doble reclamación al Gobierno. Por un lado, una relajación del objetivo de déficit, ahora situado en un 0,7% del PIB autonómico. Por otro lado, aumentar los recursos que el Gobierno transfiere a la Generalidad en la parte, según ha querido especificar Mas-Colell, que corresponde a los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña.

Así, según ha pedido, el Gobierno debería compartir con Cataluña el rendimiento del incremento del IVA, así como pagar la "deuda histórica" correspondiente a la disposición adicional tercera del Estatut -que no es de obligado cumplimiento, según la sentencia del TC de 2010-, que el consejero cifra en casi 2.500 millones, entre otras exigencias.