El PSOE da por hecho que Rajoy no afrontará la reforma constitucional en esta legislatura

“No hay margen para hacer nada” o “hay poco margen” son las respuestas que dan las fuentes gubernamentales a la pregunta de qué va a hacer el Gobierno para desactivar el proyecto soberanista más allá de los recursos que presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender la consulta del 9 de noviembre y para los que cuenta con el apoyo que el PSOE oficializó este miércoles en el Congreso de los Diputados.

En círculos gubernamentales se argumenta que es el presidente de la Generalidad, Artur Mas, el que “ha ido cerrando todas las puertas” para encontrar una posible solución alternativa a la crisis catalana, que vaya más allá de la prohibición de la consulta, porque ha ido demasiado lejos en su pulso independentista. Dirigentes socialistas creen, por su parte, que Mariano Rajoy se aferrará a esa justificación para no plantear en lo que queda de legislatura una reforma de la Constitución en la que ellos, sin embargo, sustentan su alternativa a la secesión.

Así que lo único que parece claro a día de hoy es que hasta que pase el 9N solo habrá recursos de inconstitucionalidad y a partir del 10 de noviembre, en el mejor de los casos, una negociación sobre el documento de 23 puntos que le entregó Mas a Rajoy en su última visita a la Moncloa en el mes de julio. Ahora, en cuanto se publique la ley de consultas en el Diario Oficial y Mas convoque el referéndum para el 9 de noviembre el Gobierno lo recurrirá ante el TC que suspenderá la celebración de la consulta con la advertencia añadida de que en caso de desobediencia lo enviará a la Fiscalía.

Momento crucial para todas las fuerzas políticas

A partir de ese momento se abre un periodo de seis semanas hasta el 9N en las que nadie en la política española se atreve a predecir qué va a ocurrir, porque dependerá de la reacción de los independentistas a la suspensión de la consulta y “de si Artur Mas cumple con sus obligaciones de presidente de la Generalidad y actúa dentro de la legalidad”, señalan las personas consultadas. Es decir, que el Gobierno español reaccionará de una manera u otra en función de cual sea la actitud de Mas en este periodo.

La incertidumbre sobre qué pasará en esas semanas proviene de las dudas sobre el grado de frustración e irritación que generará la suspensión de la consulta y si estos sentimientos desembocarán en protestas multitudinarias. Está también la duda sobre la actuación de los ayuntamientos o de si la Generalidad aprovechará que el TC no se reúne hasta el martes -se descarta un pleno extraordinario- para en esos tres o cuatro días, desde la convocatoria hasta la suspensión, aprobará normas para la celebración del referéndum con instrucciones para colocar las mesas electorales o sobre el censo.

El futuro de Artur Mas en juego

Nadie se atreve a augurar tampoco que hará Mas a partir del 9N, una vez que no se pueda celebrar la consulta. Y barajan las mismas hipótesis que se sopesan en Cataluña, que dimita, que haciéndolo o no convoque elecciones anticipadas con carácter plebiscitario, que haya o no una lista conjunta de Convergència y Esquerra, o incluso que CiU presente un nuevo candidato a la investidura del Parlament sin pasar por unas nuevas elecciones y que eso suponga o no un cambio de rumbo que la aleje del pulso soberanista. “Todas las hipótesis tienen sus riesgos y no sabemos qué hará Mas”, aseguran tanto fuentes del Gobierno como del PSOE.

Pero lo que sí tienen claro en el Gobierno es que las posibilidades de sentarse a negociar a partir del 10 de noviembre dependen de que no se celebre la consulta y de que la Generalidad no secunde activa o pasivamente la desobediencia civil a la que incita ERC.

Nada indica que haya una reforma constitucional

La negociación que se plantearía después se limitaría al documento de 23 puntos que le entregó Mas a Rajoy en la Moncloa ya que no parece que el Gobierno quiera abrir ahora una reforma de la Constitución, por mucho que el nominado para sustituir a Alberto Ruiz Gallardón en el ministerio de Justicia, Rafael Catalá, hiciera unas declaraciones este verano a la revista de la Administración Pública defendiendo una reforma de la Carta Magna para recoger “la singularidad catalana”.

Esa afirmación ha hecho que parte del sector más radical del PP vea en el nombramiento de Catalá una maniobra de Rajoy para facilitar esa reforma y la actitud de ese sector duro, irritado por la retirada de la reforma de la ley del aborto, es precisamente un elemento más para retrasar cualquier planteamiento de tipo constitucional. Aunque la razón de más peso para no plantear una reforma de la Carta Magna parece estar en que 2015 es un año electoral, con comicios municipales, autonómicos en 13 comunidades y generales, todos ellos complicados para el PP, que ya en las elecciones europeas del 25 de mayo perdió dos millones y medio de votos.