El juez condena al consejo de Spanair y la Generalidad a pagar 11 millones

El fallido proyecto de crear una futura 'estructura de estado' alrededor de la aerolínia Spanair no solo resultó un fracaso que pasó factura a las arcas públicas, sino que ahora la justicia lo castiga con una multa millonaria: 10,8 millones de euros, que deberán pagar los integrantes del consejo de administración de la compañía y la sociedad de la Generalidad Avançsa de forma solidaria.

Así lo ha fallado este miércoles el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona, que ha resuelto que el concurso de acreedores de Spanair -la antigua suspensión de pagos- ha de ser calificado como "culpable". La razón, como aducía la fiscalía y ha reconocido el juez, es que el consejo de administración de la aerolínea retrasó cinco meses la presentación del concurso de acreedores, pese a conocer que la compañía ya era insolvente, lo que agravó la situación financiera de la misma.

Los condenados son el ex presidente de Spanair Ferran Soriano y los ex consejeros Michael Balint Szucs, Miquel Martí Escursell, Jordi Rafael Bagó, Josep Maria Benet, Josep Mateu, Benny Zakrisson y Karl Mats Erik Lönnqvist, y las sociedades, también con asiento en el consejo, Fira Internacional de Barcelona, Inversions Turístiques i Comercials 2009, Catalana d'Iniciatives i Avançsa. Esta última, una sociedad de la Generalidad, era la administradora de hecho de Spanair.

Dos años de inhabilitación

La multa la deberán abonar los condenados de forma solidaria. Es decir, que no deberán responder necesariamente solo por una parte proporcional de la misma. La excepción es Karl Mats Erik Lönnqvist, que cesó en el consejo antes de la fecha calculada de agravacion culpable de insolvencia, por lo que no deberá responder por la multa.

La mayor parte de los condenados, además, han sido castigados a dos años de inhabilitación para la gestión de patrimonios ajenos. Esto incluye a Soriano y a las sociedades públicas Avançsa, Fira de Barcelona e Inversions Turístiques i Comercials 2009.

La multa es sensiblemente inferior a la cantidad que pedía el fiscal, que ascendía a 47 millones. La sentencia, con fecha de ayer martes pero divulgada hoy miércoles, es recurrible.