La Generalidad busca un conflicto de competencias en el decreto que la obliga a pagar escolarización privada bilingüe

El Gobierno de la Generalidad sigue en sus trece de poner todas las trabas posibles al cumplimiento de la ley en materia lingüística en la educación obligatoria. Si ya ha recurrido la LOMCE, manifiesta su intención de "no aplicarla estrictamente" y solo toma las medidas para garantizar al menos un 25% de las clases en castellano a los alumnos que lo solicitan -como le ordenan diversas sentencias judiciales- a requerimiento de la justicia, ahora intenta buscar un conflicto de competencias en otra parte de la normativa.

Se trata, concretamente, del decreto del Gobierno que obliga a las administraciones autonómicas a pagar el coste de escolarización en una escuela privada a los alumnos que así lo soliciten, en el caso de que las CCAA no puedan garantizar la proporción mínima exigida -fijada en un 25% por la justicia- de clases en castellano.

La Generalidad considera que este decreto -que desarrolla lo que prevé la propia LOMCE- supone una "invasión de las competencias propias de la Generalidad en materia de educación y lengua", por lo que ha pedido al Consejo de Garantías Estatutarias -el órgano consultivo que vela por la adecuación a la Constitución y el Estatuto de las leyes autonómicas, y de la compatibilidad con el Estatuto de las actuaciones del Gobierno-, que elabore el "dictamen previo", con vistas a elevar un recurso al Tribunal Constitucional.