Sáenz de Santamaría: "Podéis tener la completa garantía de que no habrá un referéndum secesionista en Cataluña"

"Podéis confiar en la palabra del Gobierno de Mariano Rajoy; podéis confiar en la ley, en el Estado de Derecho y en sus instituciones: podéis tener la completa garantía de que no habrá un referéndum secesionista en Cataluña. Ese referéndum está fuera de la ley porque contraviene la ley de leyes, que es nuestra propia Constitución".

Así de contundente se ha mostrado este sábado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la conferencia política que ha celebrado el PP catalán en Badalona (Barcelona).

La Ley de Consultas "pone en evidencia" a la Generalidad

Sáenz de Santamaría ha insistido en que "ningún gobierno ni ninguna ley puede permitir lo que la Constitución no admite". "La Ley de Consultas, si se aprueba al final este mes, no puede autorizar lo que no depende ni de esa ley ni de un gobernante sino de todos los españoles. Esta ley no puede avalar esta consulta, solo sirve para poner en evidencia a la Generalidad", ha añadido.

En todo caso, la dirigente popular ha tendido la mano al "diálogo" con el presidente de la Generalidad, Artur Mas, siempre que "respete" la ley. En eso caso, ha insistido, "podemos hablar de 21, de 23 o de 20.000 temas, los que sean necesarios para que Cataluña con España salga de la crisis".

El proyecto secesionista puede frenar la salida de la crisis

La vicepresidenta del Gobierno también ha advertido de que el proyecto secesionista puede frenar la salida de la crisis económica. "Hemos sido capaces de abrir la puerta de la crisis en la que nos habían metido y estamos cruzando el umbral. Hago una llamada a la responsabilidad, porque las malas decisiones pueden retardar esa salida o dar marcha atrás; no conviene perderse en otros caminos", ha indicado.

Y ha instado a Mas a explicar las consecuencias negativas de una hipotética secesión: "Hay quienes prefieren enroscarse en una espiral negándolo todo: la negación de todo lo que hemos sido capaces de lograr juntos y la negativa a que los ciudadanos lo conozcan. Por eso nadie tiene derecho a cobrar el precio del progreso y de la prosperidad, y mucho menos hacer pasar una imposición política como si fuera un decisión popular, ocultando a los ciudadanos las consecuencias reales de una propuesta irrealizable".

Finalmente, ha criticado el "victimismo" del nacionalismo catalán de los últimos años, y ha asegurado que el Gobierno no quiere que los catalanes "se conviertan en víctimas de ese discurso".