La justicia de Andorra ha admitido a trámite la comisión rogatoria en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reclama información sobre las actividades bancarias de Jordi Pujol Ferrusola -el hijo mayor del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol-, pero ha advertido de que estos datos solo podrán ser utilizados para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales asociados a otros de corrupción -como cohecho o tráfico de influencias-, puesto que este país no facilita información para casos de fraude fiscal, al no estar tipificado como delito allí.
Así consta en un auto dictado el pasado 28 de agosto por la magistrada andorrana que lleva el caso, en el que da un mes a la Banca Privada de Andorra para que facilite la información solicitada por Ruz, y para que Pujol Ferrusola y su ex esposa Mercè Gironès presenten las alegaciones que estimen oportunas.
Acreditados movimientos por 32 millones de euros en ocho años
Ruz, que atribuye indiciariamente a Pujol Ferrusola y a Gironès un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, abrió este procedimiento a finales de 2013, tras recibir una denuncia de la ex pareja de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, asegurando, entre otras cosas, que había acompañado a Andorra a Pujol Ferrusola con una mochila llena de billetes de 500 euros y que el imputado escondía fondos en paraísos fiscales.
La confesión del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol el pasado 25 de julio conllevó una petición de la Fiscalía Anticorrupción para emitir una comisión rogatoria a Andorra, que fue atendida por Ruz después de que la Agencia Tributaria informase de que Pujol Ferrusola no había realizado ninguna regularización.
Desde que comenzó la investigación, Ruz ha acreditado movimientos de divisas por más de 32 millones de euros realizados por los dos imputados en los últimos ocho años.