La Generalidad acudirá al Tribunal Constitucional para intentar no pagar la educación bilingüe a quien lo reclame

"Nosotros no pagaremos nada, protestaremos. Si quieren guerra, la tendrán". Así se pronunció el pasado 27 de junio el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, para asegurar que el Gobierno autonómico no está dispuesto a asumir los gastos de la escolarización en un centro privado a los alumnos que quieran ver cumplido su derecho a una enseñanza bilingüe -en castellano y en catalán- y que la Consejería de Enseñanza les niega reiteradamente.

Este martes, esa "guerra" se ha concretado. El Consejo Ejecutivo de la Generalidad ha acordado presentar un requerimiento de incompetencia ante el Gobierno por el decreto que regula ese derecho. El Ejecutivo autonómico alega que se trata de "una invasión" y que "va en detrimento de las competencias propias de la Generalidad en materia de educación y de lengua".

Camino del Tribunal Constitucional

Lo cierto es que desde la Generalidad siempre se ha asegurado que harán todo lo que sea necesario para evitar aplicar el bilingüismo escolar que han ordenado los tribunales en múltiples ocasiones y que establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El procedimiento que ahora han puesto en marcha -y que terminará, probablemente, en el Tribunal Constitucional- no es más que un paso más en esa línea.

En cualquier caso, los padres que quieran evitar que a sus hijos se les aplique el actual sistema de inmersión lingüística escolar exclusivamente en catalán ya pueden solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que asuma el coste de la escolarización en un centro privado -hasta alrededor de 6.000 euros anuales-, que posteriormente será descontado de las transferencias a la Generalidad.