PSC e ICV-EUiA apoyarán la Ley de Consultas pese a que los juristas que propusieron para el CGE advierten de que es inconstitucional

El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre el Proyecto de Ley de Consultas no Refrendarias, que se ha conocido este viernes, ha dado lugar a una situación ciertamente paradójica, dejando en fuera de juego al PSC y a ICV-EUiA.

Se da la circunstancia de que la resolución del órgano consultivo de la Generalidad ha sido aprobada gracias a los votos de los cinco consejeros nombrados a propuesta de CiU y ERC, mientras que los cuatro consejeros restantes -dos designados a propuesta del PSC; uno por ICV-EUiA y otro por el PP- han rechazado el texto por considerarlo inconstitucional.

Sin embargo, y a pesar de las advertencias de sus 'juristas de confianza', tanto el PSC e ICV-EUiA han anunciado que votarán el actual redactado de la Ley de Consultas cuando el mes que viene se someta a su aprobación definitiva en el Parlamento autonómico de Cataluña.

El PSC apoyará el texto porque la "mayoría" del CGE lo ha avalado

Poco después de conocerse el dictamen, la secretaria de Organización del PSC, Assumpta Escarp, ha declarado que el dictamen del CGE "avala la ley por mayoría y, por tanto, tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista".

En relación a los votos particulares de cuatro consejeros -dos de ellos propuestos por su partido-, Escarp se ha limitado a declarar que eso "quiere decir que hay aspectos que todavía son objeto de debate". Y ha añadido que, aunque los quieren "estudiar con detenimiento", estos "dejan claro que la pregunta prevista [para el referéndum del 9N] no tiene cabida en la ley que el dictamen sí que avala".

Jover: la ley trata de colar como consulta lo que en realidad es un referéndum

Lo cierto es que las advertencias de los juristas del CGE propuestos por el PSC -Pere Jover y Eliseo Aja- son más graves de lo que Escarp da a entender. En su voto particular, Jover denuncia que el artículado de la ley trata de colar como consultas populares no refrendarias" lo que en realidad son referéndums, hasta el punto de que "tanto por su objeto, por los sujetos consultados como por sus consecuencias jurídicas y políticas, son materialmente indistinguibles del referéndum".

Y apunta que esto podría responder a una estrategia para "configurar legalmente y de forma artificiosa un instrumento de participación que, bajo otra denominación, presenta las características sustanciales del referéndum, con la finalidad de eludir aquella autorización" del Estado que requieren estos últimos.

Respecto a la materia a consultar, Jover recuerda que la Constitución reserva el referéndum para "decisiones políticas de especial trascendencia", por tanto, "este ámbito material ha de considerarse vetado a las consultas no refrendarias", ya que "no tendría sentido" que esto "se pudiese eludir" utilizando otro instrumento de participación con menos legitimidad democrática, como las consultas.

Aja: la ley "pretende fundamentalmente evitar la autorización del Estado"

Por su parte, Aja también advierte de que la consulta que recoge el proyecto de ley es "un tipo de referéndum simulado, que carece de la habilitación y de las garantías exigidas por la Constitución y el Estatuto, y no se puede considerar como una simple consulta no refrendaria".

Y concluye que la ley "pretende fundamentalmente evitar la autorización del Estado que requiere el referéndum", por lo que "supone una vulneración de la distribución de las competencias entre el Estado y la Generalidad cuando esta formule al conjunto de los ciudadanos preguntas generales, por ejemplo sobre el futuro de Cataluña".

ICV considera que el dictamen avala la consulta del 9N

Tan sorprendente como la postura del PSC ha sido la de ICV. Su secretario general, Josep Vendrell, se ha mostrado "satisfecho" por el dictamen que, en su opinión, "añade legitimidad jurídica a la legitimidad democrática para consultar a la ciudadanía" ya que avala la constitucionalidad de la Ley de Consultas no Refrendarias.

Por ello, ha pedido al Gobierno que no ponga obstáculos a la consulta secesionista del 9N porque considera que, con el dictamen del CGE, "ha quedado demostrado que no es una cuestión jurídica sino de voluntad política".

Carrillo: el objeto de las consultas no refrendarias no es ilimitado

En cambio, el consejero del CGE designado a propuesta de su partido, Marc Carrillo, no opina lo mismo. En su voto particular, Carrillo advierte de que "la Constitución ciertamente impide una consulta no refrendaria de las previstas en la proposición de ley, de forma indiscriminada y sin distinción por razón del objeto de la competencia, que afecte a competencias del Estado o decisiones del constituyente".

Y considera "evidente" que, por ejemplo, una consulta para evaluar el apoyo de la ciudadanía de Cataluña a una futura reforma de la Constitución debería hacerse por la vía de referéndum y con la corresponidente autorización del Estado.