Ortega moviliza a 20 funcionarios para que supervisen un objetivo político: celebrar un referéndum secesionista el 9N

La Consejería de Gobernación y Relaciones Institucionales, en manos de la también vicepresidenta autonómica Joana Ortega (CiU), ha movilizado a 20 funcionarios para que, durante el verano, ultimen los preparativos y detalles técnicos de una eventual votación en el caso de que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, convoque un referéndum independentista para el próximo 9 de noviembre.

La mayor parte de los trabajadores públicos de este grupo, a quienes incluso se ha alterado el periodo de vacaciones, está adscrita al Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, rama de dicho departamento que organiza las elecciones sujetas a ley.

Ahora, a pocos meses de la fecha prevista por el Gobierno autonómico para la celebración de un hipotético referéndum secesionista pactado de forma unilateral con el resto de formaciones nacionalistas en Cataluña, han recibido el encargo de indagar en la legislación española con el objeto de dar con eventuales fisuras que permitan celebrar esa consulta bajo la nueva normativa que elabora, para este fin, el Parlamento autonómico.

Sedes electorales alternativas y urnas fabricadas por presos 

La orden que ha recibido este grupo de funcionarios de Cataluña tiene un marcado sentido político, y responde a la voluntad del presidente autonómico de tenerlo todo preparado antes de octubre para poder llevar a cabo una votación que tiene como telón de fondo romper con el resto de España.

El precepto de la Generalidad para el caso, y según recoge este lunes El País, es que, por un lado, el referéndum es técnicamente viable -con un censo "propio" y al margen de la empresa que comúnmente realiza los recuentos electorales- y, por otro lado, que una consulta de este tipo debería poder celebrarse.

Sin embargo, el propio Mas ha reconocido que no sacará las urnas a la calle si el Tribunal Constitucional lo prohíbe, opción que ya ha provocado tensiones importantes con su socio de gobierno en el Parlamento autonómico, ERC. Y este mismo lunes, el democristiano y ex presidente de la Cámara autonómica, Joan Rigol, ha advertido de que celebrar una consulta sin amparo legal sería, cuando menos, "poco democrático".

Con todo, en el departamento de Gobernación no cesan su actividad en verano y trabajan para encontrar colegios electorales alternativos en aquellas localidades donde los alcaldes ya han rechazado el proyectado referéndum; dar con un sistema de recuento y centralización de datos -Indra, la empresa que habitualmente se encarga de ello y cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha sido descartada-, y tener listas 6.000 urnas -fabricadas por reclusos del Centro de Iniciativas para la Reinserción- en el caso de que se produzca un llamamiento electoral.