ERC rechaza crear una comisión de investigación sobre el fraude de los Pujol

ERC no apoyará la solicitud del PP catalán para abrir una investigación en el Parlamento autonómico de Cataluña sobre el fraude fiscal confesado por el ex presidente de la Generalidad y presidente de CDC y CiU, Jordi Pujol, un delito que habría cometido de forma continuada durante más de tres décadas.

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz de ERC, Anna Simó, quien ha justificado la posición de su partido por considerar que la propuesta del PP supone "una utilización chapucera de este caso contra el proceso" independentista que la formación liderada por Oriol Junqueras promueve junto a CiU.

El fraude fiscal de Pujol, "un argumento añadido" para la secesión

"Ni Jordi Pujol nunca ha sido Cataluña ni CiU tampoco, no hay que confundir las cosas", ha señalado Simó. Y ha criticado al PP por considerar que "no tiene ninguna credibilidad para presentar esta petición por el caso Gürtel" y porque su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, no compareció ante la Cámara autonómica cuando esta lo solicitó en relación al caso Método 3.

"El proceso obedece a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. El proceso es un punto de partida de un nuevo país basado en la transparencia, la participación, la separación de poderes y la democracia interna de las instituciones", ha indicado para defender la negativa de ERC a crear la comisión de investigación del caso Pujol.

De hecho, la portavoz de ERC ha apuntado que este escándalo es "un argumento añadido a la necesidad de poner fin al autonomismo, sus formas de hacer y las actitudes que le son inherentes, para construir un nuevo país dejando atrás rémoras y lastres, sin ningún tipo de complejo".

Pide a los Pujol que colaboren con Hacienda y con la justicia

Simó ha animado a Hacienda y, "si es preciso", a los jueces a investigar la procedencia de la fortuna de la familia Pujol, a quienes a instado a dar "toda la información necesaria" para que la trama se pueda aclarar "con el máximo rigor".

ERC también está de acuerdo con que la Generalidad retire a Pujol todas las prerrogativas de que disfruta en su condición de ex presidente autonómico -como han pedido varias formaciones de la oposición-, lo que incluye una pensión vitalicia de más de 80.000 euros anuales, una oficina en el centro de Barcelona, tres secretarios, un coche, un chófer, personal de seguridad y el tratamiento protocolario de "Muy Honorable Señor".