Jordi Pujol Ferrusola, en 1997

Jordi Pujol Ferrusola, en 1997

Política

La Audiencia Nacional investiga una posible comisión ilegal de la Generalidad al hijo de Pujol

Jordi Pujol Ferrusola y su esposa vendieron, por 4,8 millones de euros a una contratista de la Generalidad unos terrenos no edificables con un valor catastral de 902 euros

9 julio, 2014 11:37

Aumentan las sospechas en los juzgados sobre las presuntas actividades ilegales de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol. Al supuesto blanqueo de dinero en paraísos fiscales, que ya investiga la Audiencia Nacional, ahora se suma un posible cobro de comisiones ilegales desde la administración autonómica, disfrazado de operación inmobiliaria, según informa este miércoles el diario El Mundo.

Según esta información, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está investigando una venta de dos terrenos de Pujol Ferrusola y su esposa, en el año 2006. Una venta muy lucrativa, puesto que la suma de los dos solares tenía un valor catastral de 900 euros, pero se vendieron por 4.8 millones. Además, la compradora fue una empresa contratista de la Generalidad, lo que ha incrementado las sospechas de los investigadores.

La compra la realizó en julio del 2006 Aglomerats Girona, una contructora especializada en carreteras, que adquirió al hijo mayor de Pujol dos parcelas rústicas de un total de 9.500 metros cuadrados, entonces no edificables, en el casco urbano de Palamós (Gerona).

Desproporción enorme

Los investigadores consideran, según esta información, que, aunque el valor catastral de un inmueble siempre suele ser inferior a su precio de mercado -y muy inferior, en la época del 'boom' del ladrillo-, en este caso la desproporción es evidente.

Justamente por no ser edificables en el momento de la venta, su valor catastral era ínfimo, 902 euros, y contrasta enormemente con el alto precio pagado a Pujol y su esposa. Incluso después de que los terrenos fueran recalificados el año 2008 y se permitiera construir en ellos, su valor catastral no subió más que hasta 139.000 euros. Hoy en día, los terrenos siguen sin construir, según esta información.

La constructora se defiende explicando que sus contratos con la Generalidad solo suponen un 10% de su facturación total, y que cualquier empresa del sector en Cataluña acaba trabajando con la administración autonómica. También aseguran que pagar casi cinco millones de euros por menos de 10.000 metros cuadrados no era inhabitual en Palamós en plena burbuja inmobiliaria, y que el proyecto -nunca iniciado, y abortado por la crisis- contemplaba construir 80 pisos, para venderlos a 240.000 euros cada uno.