UPyD insta al Gobierno a actuar contra la discriminación lingüística de los empleados de emergencias médicas de la Generalidad

El Gobierno deberá responder ante el último caso conocido de discriminación lingüística en Cataluña. UPyD ha dirigido una pregunta escrita al Ejecutivo para que informe sobre si tiene previsto tomar alguna medida después de que se conociese que la Consejería de Salud de la Generalidad prohíbe al personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) -tanto el de las ambulancias como el de los centros de coordinación- utilizar el castellano en sus comunicaciones.

El escándalo saltó hace una semana, cuando trascendió una nota interna enviada el pasado 5 de junio por una de las empresas subcontratadas por el SEM a los centros de coordinación de Barcelona, Hospitalet y Reus, y que indicaba lo siguiente:

"Os recordamos que el CATALÁN es el único idioma autorizado por SEM para la comunicación diaria con las unidades [en referencia al personal de las ambulancias] tanto por emisora como por teléfono. Es de obligado conocimiento y uso para todos los gestores, independientemente del idioma que utilicen las unidades para dirigirse a CECOS [Central de Coordinación Sanitaria]. La única excepción a este protocolo se produce en la emisora de ACD [Activación de Coordinación Domiciliaria] de la sala Barcelona, por su situación específica".

Además, los operadores telefónicos de las emergencias médicas en Cataluña aseguraban estar sometidos a "escuchas selectivas" en su trabajo, hasta el punto de que se les rebaja la nota de calidad de servicio si hablan español con conductores y técnicos sanitarios, aunque sea para facilitar la comprensión del nombre de las calles y agilizar así la intervención.

Contra los derechos fundamentales de los trabajadores

UPyD insta al Gobierno de Rajoy a actuar para corregir esta situación de imposición de una de las dos lenguas oficiales en Cataluña a los trabajadores públicos de la Generalidad durante el desempeño de sus funciones laborales. 

La formación liderada por Rosa Díez recuerda que, con esta actuación, la Administración autonómica catalana contraviene derechos fundamentales de los trabajadores, y apela a la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que los poderes públicos "deben garantizar el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de las lenguas oficiales en la comunidad autonóma".