El ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Aragón Reyes, uno de los que analizó la legalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha reivindicado este jueves la sentencia que ajustó ese texto a la legalidad.
En una entrevista publicada en el El País, Aragón (que fue nombrado magistrado del TC a propuesta del PSOE y era considerado como miembro del sector progresista) considera que la sentencia fue "la menos mala posible", "que podía haber sido mucho más dura" y ha señalado que se limitó a decir "algo sencillo: que hay cosas que no se pueden hacer sin reformar la Constitución".
Preguntado sobre la tesis del independentismo, que justifica sus demandas en la sentencia, Aragón es contundente: "Me da un poco de pena. El problema no era la sentencia, era la reforma del Estatuto. Yo no puedo prevaricar como juez. Tengo que dictar la decisión que es justa. Esa sentencia hizo lo que debía hacer. El grave error fue la reforma estatutaria, no la sentencia. Cuando la Constitución no se cumple no vienen más que males".
"No pasa nada porque salgan a la calle millones de personas"
En relación a la manifestación que se convocó en Barcelona en contra de la sentencia, el magistrado señala que "no pasa nada porque salgan a la calle millones de personas". "Mañana pueden salir defendiendo la pena de muerte, la Constitución no lo permite y sanseacabó. Es un problema de opinión, político, pero no jurídico. Lo que sí me da pena es que eso se encabece por un poder constituido, por autoridades de la Comunidad Autónoma. Esos poderes deben someterse a la Constitución y al Tribunal Constitucional", añade.
E insiste en que "la gente sale a la calle porque son llamados a salir por algunos, la espontaneidad no existe. Cualquier día puede salir a la calle gente contra la democracia y contra el sistema que nos hemos dado".
"El pueblo de una Comunidad Autónoma no es soberano"
Respecto al hecho de que el Estatuto fuera votado en referéndum previamente a la sentencia, Aragón advierte de que "no puede haber un choque de legitimidades entre la nación en su conjunto y una de sus partes. El pueblo de una Comunidad Autónoma no es soberano, no es poder constituyente. Pero sí, hubiera estado bien que existiera el control previo de constitucionalidad de las reformas estatutarias".
El magistrado también indica que la única consulta posible en Cataluña es sobre una reforma constitucional: "Sí, creo que puede consultarse al pueblo catalán siempre que lo autorice el Gobierno, pero solo sobre eso, sería el único referéndum legalmente posible, que los catalanes pidan a su Parlamento [autonómico] que proponga una reforma constitucional al Congreso".
"Creo que debe haber una salida constitucional. Yo no pienso que nuestra Constitución sea incapaz, bien interpretada, con altura de miras y diálogo, de resolver los problemas territoriales o de legitimidad de las instituciones democráticas. Pero tiene que haber una condición: un amplísimo consenso", concluye.