El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno del poder judicial en España, ha dirigido cinco preguntas a los 33 jueces que firmaron en febrero el manifiesto a favor de la consulta secesionista promovida por el presidente de la Generalidad, Artur Mas. En ellas, el CGPJ interroga a los 33 jueces, y les inquiere si elaboraron el manifiesto por encargo de alguien, si lo hicieron como magistrados, y cuál era su finalidad, entre otras cuestiones.
Antonio Fonseca Herrero, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que dirige las diligencias informativas abiertas contra los jueces, ha dirigido a los magistrados firmantes del manifiesto cinco preguntas muy concretas. La primera, retórica: si han firmado el manifiesto.
En la segunda -quizás la más importante-, les pregunta si la elaboración del manifiesto fue una iniciativa particular de los 33 firmantes, o si bien "responde a algún tipo de orden o petición de terceros, a una colaboración con entidades, organismos o partidos políticos".
El GCPJ también pregunta a los jueces si firmaron el manifiesto "en su condición de jurista y en consideración a ostentar la condición de Magistrado/a", cuál es "la finalidad" de su actuación, y, por último, "cómo y en que momento se dio a conocer el llamado Manifiesto de Jueces por el Derecho a decidir".
Los jueces, extrañados
Los jueces firmantes han mostrado su sorpresa por la actuación del CGPJ, según informan diversos medios, ya que consideran que su iniciativa de elaborar el manifiesto que defiende el referéndum secesionista entra dentro del marco de la libertad de expresión, y que, por tanto, lo que debería haber hecho el CGPJ es archivar las diligencias contra ellos.
El más destacado de los jueces firmantes, Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y destacado activista independentista, tiene también otros problemas con el CGPJ derivados de sus iniciativas secesionistas. Pero en un grado más elevado.
Así, en abril, el CGPJ citó a declarar a Vidal, y abrió una información previa para determinar su posible responsabilidad por lo que respecta a la elaboración de un borrador de Constitución para un hipotético Estado catalán independiente. En su declaración, a Vidal se le requirieron, entre otras cuestiones, los nombres de la decena de jueces catalanes que trabajan en el proyecto de constitución catalana. Vidal se negó a contestar a algunas de las preguntas que se le hicieron, y amenazó con recurrir al Constitucional o a instancias europeas si era conminado a dimitir de su cargo.