La acusación particular, ejercida por el Centro Legal para la Defensa de los Animales, pide diez años de inhabilitación para la ex directora de Medio Natural de la Generalidad y secretaria de organización de ICV Núria Buenaventura, por un presunto delito de prevaricación. Según tanto la acusación particular como la fiscalía, Buenaventura concedió en 2009, desde su cargo, licencias para una modalidad de caza ilegal, usando pegamento, y para cazar una especie protegida.
En el escrito de acusación, y coincidiendo con la fiscalía, se afirma que Buenaventura, que concedió 3.374 de estas licencias de caza, conocía la ilegalidad de la medida. También coincidiendo con la fiscalía, se argumenta que Buenaventura actuó bajo la presión de la Federación de Caza.
Recomendaciones del Síndic de Greuges
Además, y también como la fiscalía, se sostiene que Buenaventura contó con las recomendaciones del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exlíder de ICV, para permitir, de forma "experimental", la caza de pájaros con liga, un tipo de pegamento con el que se impregnan los árboles para que las aves queden adheridas.
La pena solicitada por la acusación particular es sensiblemente superior a la de la fiscalía, que pidió ocho años y medio de inhabilitación para Buenaventura.