La Generalidad se dota de una "herramienta jurídica transitoria" para desobedecer la ley de reforma local

En un nuevo asalto a la legalidad promovida por el Gobierno, la Generalidad ha acordado este martes oficializar el incumplimiento por parte de los consistorios catalanes de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local (LRSAL). 

El consejo ejecutivo autonómico ha impulsado, según ha confirmado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Francesc Homs, un decreto ley -que deberá ser aprobado en el Parlamento autonómico- que otorga "instrumentos jurídicos" a los ayuntamientos para sortear las medidas que plantea el Gobierno en dicha reforma, que Homs ha calificado de "despropósito".

"Hay una perversa combinación"

El portavoz de la Generalidad ha justificado esta decisión alegando que lo único que hace el Ejecutivo autonómico es oponerse al "desmantelamiento" de las competencias municipales que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno, y "actuar conforme" a las "competencias exclusivas" que le otorga el Estatuto de Autonomía en esta materia.

"Hay una perversa combinación", ha continuado Homs, puesto que, según él, "el Estado no deja justificar gastos para determinadas competencias a los ayuntamientos, y tampoco deja incrementar el gasto a la Generalidad".

La ley de gobiernos locales de Cataluña está actualmente en trámite en el Parlamento autonómico. Entre tanto, con este medida, la Generalidad pretende contar con una "herramienta jurídica transitoria" para hacer frente a la LRSAL. En marzo de 2013, el Gobierno autonómico ya sostuvo que dicha ley "vulnera la autonomía local y las competencias de la Generalidad".