El Consejo de Estado insta al Gobierno a mejorar el decreto para garantizar el derecho a recibir una educación bilingüe

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen no vinculante en el que advierte al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de que el proyecto de real decreto que desarrolla el mecanismo para garantizar la educación bilingüe prevista en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "carece de la necesaria precisión en cuestiones relevantes", unas "notables carencias" que, "de no ser atendidas, podrían afectar a la efectiva aplicación del proyecto y a la viabilidad misma del procedimiento de reconocimiento del derecho que regula".

Entre otras cuestiones, el Consejo de Estado señala que "no hay indicación de criterio alguno que permita valorar qué se entiende por la 'proporción razonable' que ha de guardarse entre lenguas en el diseño e implantación de los sistemas educativos", algo que considera que debería tener "una adecuada definición".

Reducir la "carga administrativa para los ciudadanos"

También subraya que no "se precisan las condiciones de la asunción íntegra por el Estado de los gastos efectivos de escolarización" en caso de no ofrecer la enseñanza también en español, lo que debería quedar concretado en el real decreto.

Alerta de que "nada se regula acerca de qué ocurre cuando no haya colegio privado con la oferta en lengua castellana en el municipio o zona de escolarización, o cuando por criterios ideológicos legítimos no quieran los padres escolarizar al hijo o hija en el único o los únicos existentes".

El Consejo de Estado rechaza la propuesta de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para exigir a los padres "la justificación de que la solicituda de la utilización de la lengua vehicular no ha sido atendida por la Administración educativa" puesto que ello "supone la introducción de una carga administrativa para los ciudadanos".

Crear una lista con la oferta lingüística de los centros públicos y privados

Propone establecer que el Gobierno autonómico correspondiente informe "sobre la oferta educativa en castellano en la zona de escolarización contemplada", incluyendo "el número total de alumnos escolarizados, desglosados en función de si en la enseñanza que reciben se emplea total o parcialmente el castellano o solo la lengua cooficial". Así como "la determinación apriorística de los centros privados en los que podría verificarse la matriculación de los alumnos", esto es, una lista de centros que cumplen con el bilingüismo escolar.

Por otra parte, considera que "el plazo de seis meses de duración del procedimiento parece un tanto excesivo" y propone que se reduzca a tres meses el plazo máximo para determinar el reconocimiento o denegación del derecho solicitado por las familias.

Establecer "mecanismos de pago anticipado" para los afectados

El dictamen propone incluir "una valoración [económica] adecuada del impacto de esta iniciativa normativa en las CCAA implicadas"; establecer un "techo de gasto a asumir" por las CCAA y un "límite" del coste a pagar a las familias afectadas; implementar "mecanismos de pago anticipado a las familias para evitar los detrimentos -que pueden traducirse en la ineficacia práctica del sistema- que les supondrá acogerse a este sistema"; garantizar "la estabilidad del alumnado afectado, al menos, un curso escolar en el centro donde estuvieran matriculados"; fijar medidas mas concrtasa para evitar acciones fraudulentas.

En definitiva, el Consejo de Estado concluye que el real decreto "ha de ser reconsiderado en su conjunto" para "dotar al proyecto de un contenido más sólido" con el objetivo de "tratar de atender de manera adecuada la finalidad perseguida" por la LOMCE.

Rigau: "Nosotros no lo aplicaremos, evidentemente"

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha respondido asegurando que estudiará todas las indicaciones del Consejo de Estado para ver si sirven para mejorar el real decreto.

Sorprendentemente, la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, se ha felicitado por el dictamen, pese a que insta a definir el real decreto para garantizar de forma más efectiva el bilingüismo escolar.

"Técnicamente es muy malo [el proyecto de real decreto]. Pretende una acción que ni es necesaria ni es aplicable y que solo responde a una precipitación o a una obsesión. Pedimos al Ministerio que retire la disposición y renuncie a desarrollarla porque queda claro que el catalán y el castellano en Cataluña se aprenden bien", ha señalado tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado.

Rigau ha señalado que el texto tiene "vicios de inconstitucionalidad" y ha asegurado que, si no se modifica, "nosotros no lo aplicaremos, evidentemente".