La Consejería de Interior de la Generalidad asesoró a los organizadores del Multirreferéndum convocado en Cataluña el 25 de mayo para que pudieran llevar a cabo la consulta y se comprometió a no interferir en ella pese a que había sido prohibida por la Junta Electoral Central (JEC) -y ratificada por el Tribunal Supremo- por coincidir con las elecciones al Parlamento Europeo.

Así se deduce de un comunicado enviado por los organizadores del evento a los voluntarios que revela este martes El Mundo, en el que se da instrucciones sobre cómo actuar ante la aparición de los Mossos d'Esquadra y se asegura que estos recibirían órdenes de sus superiores políticos para evitar identificaciones y la retirada forzosa de las urnas.

"Acuerdo" con la Consejería de Interior

El texto del mensaje, que se califica de "difusión reservada", fue remitido por la Coordinació Tècnica Multireferèndum "a todos los voluntarios de las mesas" en vísperas del 25M para tranquilizarles. En él, se da cuenta de las negociaciones y del "acuerdo" alcanzado con la Consejería de Interior y se garantiza que "no habrá identificaciones por parte de la policía" porque "el consenso es no generar tensión por ninguna parte".

"Sólo se procederá a identificaciones si un apoderado/interventor de algún partido político presenta denuncia contra una de nuestras mesas por considerar que interfiere en el proceso de los comicios europeos. [...] Los Mossos posiblemente levanten acta para informar a la Junta Electoral, pero esto no implica que después se tenga que transformar en denuncia. Eso dependerá de la Junta Electoral. Con las consultas de la Deuda en 2000, muy pocas actas derivaron en denuncia y prácticamente ninguna de ellas en sanción", añadía el comunicado.

E insistía en que "con este escenario, conseguimos librarnos de denuncias y juicios por desobediencia a la autoridad; en todo caso se nos podría denunciar por delito electoral, cosa poco probable, difícil de demostrar y de la que nuestros abogados están seguros de podernos defender".

Trucos para evitar la actuación policial

También explicaban algunas estratagemas para reducir el riesgo de denuncias: "Es aconsejable estar a una distancia prudencial de los colegios electorales. Se puede seguir como recomendación el acuerdo de la Junta Provincial de Gerona de 100 metros. Ahora bien, hay experiencias previas que demuestran que es posible situarse más cerca si no se interviene en las elecciones. En esto seremos flexibles y consideraremos las recomendaciones de los agentes".

"En los municipios que hayáis visto denegado el permiso por parte de vuestro ayuntamiento, especialmente aquellos que dispongan de Guardia Urbana, hace falta que nos lo hagáis saber respondiendo a este mismo correo. Pediremos al Departamento de Interior que informe a los ayuntamientos de cuáles son sus directrices para el caso y así desactivar posibles problemas", continuaba el texto en otro punto.

Y finalizaba pidiendo "discreción": "Estas informaciones son de carácter interno y no se tienen que hacer públicas puesto que podrían modificar el escenario y provocar efectos no deseados perjudiciales para nuestros intereses".

Los Mossos solo actuaron tras las denuncias de varios partidos

Finalmente, los organizadores desafiaron la prohibición de la JEC y el 25 de mayo instalaron parte de los 300 puntos de votación inicialmente previstos. Durante la mañana, los Mossos d'Esquadra permitieron que se votara sin problemas, pese a que la mayoría de las urnas estaban situadas en plena calle. De hecho, los agentes solo informaban a los voluntarios de que no podían seguir allí, pero no se levantaban actas, y estos simplemente cambiaban de lugar.

Solo por la tarde la Consejería de Interior decidió actuar con más contundencia puesto que la JEC recibió numerosas reclamaciones de diversos partidos -como PP, UPyD, Ciudadanos y Vox-, por lo que los Mossos d'Esquadra procedieron a requisar urnas y levantar actas en varios municipios, como Barcelona, Reus, Lloret, Igualada, Olot o Figueres, registrándose incluso algún incidente (en Vic un grupo de voluntarios se negó a retirar la mesa y la policía autonómica les denunció, por lo que deberán responder ante el juez).