CCOO de Cataluña utiliza una triquiñuela legal para echar a 18 empleados sin un ERE

Haz lo que digo, no lo que hago. Esta parece ser la máxima que rige en la dirección de CCOO de Cataluña. Al menos, eso es lo que denuncian los 18 empleados de su gabinete jurídico que la semana pasada fueron despedidos por el sindicato catalán.

Según recoge este jueves El Mundo, siete técnicos y once administrativos de CCOO de Cataluña recibieron el viernes pasado la notificación de que sus contratos eran rescindidos por causas económicas y les ofrecieron una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de doce mensualidades.

El personal del sindicato dirigido por Joan Carles Gallego, tras un encierro en la sede del sindicato de la Vía Layetana de Barcelona, ha iniciado una serie de protestas a lo largo de esta semana que incluye dos jornadas de huelga para hoy y mañana.

El comité de empresa asegura que la dirección de CCOO de Cataluña se ha negado a negociar las salidas y les comunicó su decisión solo dos días antes. "Ni siquiera les ofrecieron jubilaciones anticipadas o finiquitos de 43 días, es mentira lo que ahora dice la empresa de que ofrecieron mejores condiciones", señalan.

Despidos no justificados

Los trabajadores también denuncian que la empresa ha aprovechado una triquiñuela legal. Hace solo dos meses, el servicio jurídico de CCOO de Cataluña se integró en la estructura central del sindicato. Hasta entonces, y desde 2006, pertenecía a una empresa propiedad del sindicato, que contaba con 97 empleados. Si los despidos se hubieran producido antes de la absorción por la matriz, para despedir a 18 empleados habrían tenido que hacer un ERE, al superar los afectados el 10% de la plantilla, lo que les habría supuesto mejores condiciones. Pero tras la integración en la plantilla, esa circunstancia no se daba, al representar menos del 10%.

La dirección argumenta que los ingresos del departamento cayeron un 20% en 2013 y registró unas pérdidas de 600.000 euros, lo que obligará a prescindir de un máximo de 30 empleados. Además, aseguran que, tras mantener tres reuniones con los afectados en los últimos dos meses, "se constató que no había acuerdo". E insisten en que se les ofreció una indemnización de 40 días y 18 mensualidades.

Los trabajadores despedidos no comparten esas explicaciones. Señalan que nunca hubo una oferta formal de indemnización, que la empresa no ha justificado económicamente los despidos y que jamás había habido pérdidas hasta 2013. Unas pérdidas que, en todo caso, se deberían únicamente al retraso del pago de las prestaciones por parte del Fogasa, que este año se deberían cobrar.