La justicia obliga al Ayuntamiento de Ripoll a izar la bandera de España

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Girona ha ordenado al Ayuntamiento de Ripoll (Girona) colgar en el balcón del edificio municipal la bandera de España, como obliga la ley, y como evitaba hacer el Gobierno municipal, en manos de CiU.

En la sentencia, emitida tras una denuncia de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que previamente había requerido -sin éxito- al Consistorio que cumpliera la ley, se obliga a la Corporación municipal a "colocar la bandera de España en las dependencias municipales de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/1981, de 28 de octubre", según un comunicado del propio Ayuntamiento.

Esta ley, en su artículo 3.1, establece que "la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado". En sus artículos 4 y 5, precisa que, cuando se utilicen banderas autonómicas o locales en este tipo de edificios, deberán hacerlo junto a la española.

En "un lugar de honor"

El artículo 6.1 también especifica que "la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor". El Ayuntamiento de Ripoll, en cambio, no le reservaba ningún lugar en el balcón del edificio consistorial, donde si han estado ondeando la bandera de Cataluña, la de la Unión Europea, la del municipio e incluso una estelada.

El Ayuntamiento de Ripoll tiene una abrumadora mayoría independentista. No solo en el equipo de gobierno, formado por los nueve concejales de CiU, sino también en la oposición: cinco representantes de ERC, uno del PSC y dos no adscritos. El Consistorio ya ha informado de que piensa recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En los últimos meses, cada vez más ayuntamientos deciden acatar la normativa y colocar la bandera de España junto a la de Cataluña en sus fachadas, ante la amenaza de inhabilitación de los alcaldes y el riesgo de recibir importantes sanciones económicas. La Delegación del Gobierno está ganando todos los procesos judiciales iniciados por este motivo.