El juez ordena investigar a Oriol Pujol y a su esposa en busca de ingresos irregulares

El juez encargado del caso de las ITV ha ordenado al Servicio de Vigilancia Aduanera que investigue el patrimonio del diputado autonómico de CiU y ex número dos de CDC, Oriol Pujol, y a su esposa, Anna Vidal, para comprobar si percibieron "ingresos irregulares ajenos a su actividad profesional", ya sean financieros o patrimoniales, entre 2007 y 2009.

En un auto, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Enric Alsina, que mantiene imputado a Pujol por tráfico de influencias y cohecho, también requiere a Hacienda para que le remita una copia de las declaraciones de renta y de patrimonio presentadas por él y por su esposa correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009.

El magistrado ha acordado estas diligencias en el marco de la investigación por cohecho que mantiene abierta contra el hijo del ex presidente de la Generalidad, al que acusa de haber cobrado presuntamente de la trama corrupta de las ITV a cambio de votar a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial que el Parlamento autonómico tramitó en 2008.

Presuntas comisiones a través de la empres ade Sergi Alsina

Entre otras diligencias, el juez ha acordado también requerir justificación documental de los servicios que Anna Vidal aseguró haber prestado a la empresa Alta Partners, de Sergi Alsina, uno de los imputados en la trama de las ITV y amigo íntimo de Pujol, a través del cual la Fiscalía sospecha que el diputado autonómico convergente cobró comisiones ilegales de la trama de las ITV.

Tanto Vidal como Alsina afirmaron ante el juez que los 46.400 euros que la primera cobró de Alta Partners en 2008 correspondían a servicios profesionales de consultoría, por lo que el magistrado ha pedido a Vigilancia Aduanera que compruebe "los datos y las circunstancias" de los contratos esgrimidos por la mujer y el amigo íntimo del dirigente nacionalista.

Enmiendas para modificar la Ley de Seguridad Industrial

El juez también ha ordenado, a petición de la Fiscalía, solicitar al Parlamento autonómico que certifique la fecha de presentación de las enmiendas que CiU formuló a la Ley de Seguridad Industrial de 23 de julio de 2008, así como de las transaccionadas, y la fecha de aprobación de dicha normativa y del reglamento que la desarrolla.

El objetivo de este trámite es comprobar si Pujol influyó en el grupo parlamentario de CiU para presentar enmiendas a esta normativa acordes a los intereses del empresario de las ITV Ricard Puignou, también imputado, que pretendía establecer una cuota máxima de mercado en el sector supuestamente con el propósito de hacerse con nuevas estaciones de inspección de vehículos.

La Fiscalía Anticorrupción, que basa sus sospechas en informes del servicio de Vigilancia Aduanera, considera que Puignou pagó comisiones a Oriol Pujol a través del empresario Sergi Alsina, que a su vez habría materializado esos pagos mediante facturas giradas a la esposa del dirigente nacionalista.