Piden dos años de cárcel para Bustos, Fernández y la alcaldesa de Montcada

La fiscalía pide dos años de prisión para el ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos, el diputado autonómico Daniel Fernández y la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, los tres del PSC, por un delito de tráfico de influencias, por presuntamente haber maniobrado para contratar a dedo a un cargo en el ayuntamiento de Montcada. También pide los mismos dos años de prisión para el hermano de Bustos, Francisco, ex concejal de Sabadell, también socialista.

En su escrito de acusación, que se ha filtrado este miércoles, la fiscalía considera que los imputados "se concertaron para el nombramiento de Carmina Llumà Ras", presuntamente su favorita, en cuanto que esposa del jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell, "en detrimento de otro candidato", que estaba mejor preparado para el cargo, y "modificando los criterios de selección".

Con el aval de Fernández

Según cree la fiscalía, en mayo de 2012, después de que Llumà no fuera elegida en el proceso de selección del puesto de trabajo, por detrás de otro candidato, Manuel Bustos telefoneó a su hermano para pedirle que se reuniera con la alcaldesa de Montcada y revertir la situación. Además, le habría pedido que obtuviera el aval de Fernández, entonces secretario de Organización del PSC.

Posteriormente, Manuel Bustos habría llamado directamente a Fernández para que presionara a la alcaldesa: "Llámala, que esta niña es tonta del culo", le habría dicho. Sólo dos días después, Fernández se habría reunido con Pérez, para exigirle que declararan apta para el puesto de trabajo a Llumà, a lo cual esta habría accedido "siguiendo las directrices" del ex diputado socialista, y consciente de la ilegalidad de los hechos, según la fiscalía. Por este motivo, considera que esta habría cometido, además, el delito de prevaricación.

La Fiscalía también pide la inhabilitación de todos los imputados para empleos y cargos públicos durante seis años, y una multa de 108.000 euros para cada uno. Por el presunto delito de prevaricación, pide dos años adicionales de inhabilitación para Pérez.

Fruto de la investigación del 'caso Mercurio'

El mes pasado, Daniel Fernández afirmó que abandonaría el escaño del Parlamento autonómico si el caso llegaba al juicio oral. "Renunciaré a mi sueldo como diputado y registraré ante la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament mi petición de ser suspendido en mis derechos y deberes parlamentarios", anunció en un comunicado, en el que también se defendía diciendo que "dar la opinión sobre un cargo de confianza no puede ser nunca constitutivo de un delito de tráfico de influencias".

Bustos, por su parte, ya renunció a la alcaldía de Sabadell. Pero no por este asunto, sino por el caso Mercurio, de presunta corrupción en torno al ayuntamiento de la ciudad, y en el cual es el principal imputado.

De hecho, el caso del presunto tráfico de influencias en Montcada se destapó a raíz de la investigación a Bustos en relación al caso Mercurio. También fruto de esta investigación, se conoció la presunta malversación de fondos públicos de la diputada autonómica del PSC Montserrat Capdevila, por supuestamente pagar viajes personales en AVE con cargo a los fondos del Parlamento autonómico.