La Generalidad destina un exiguo 0,5% de su presupuesto a la Renta Mínima de Inserción (RMI) para paliar los efectos de la pobreza. Las entidades del tercer sector en Cataluña exigen una revisión global de esta prestación, que en Navarra recibe una partida cuatro veces mayor y en el País Vasco, diez.
La Mesa del Tercer Sector de Cataluña ha presentado este martes un informe titulado Nueva pobreza y RMI -del que se desprende que un total de 25.200 personas reciben esta ayuda en la Comunidad- bajo la premisa de que la actividad, vinculada a la prestación, no ha de verse como un elemento laboral exclusivamente, sino que, al mismo tiempo, debe considerarse su impacto social.
Según la presidenta de este colectivo, Àngels Guiteras, en Cataluña hay un total de 352.000 personas que tienen ingresos inferiores a 9.000 euros al año, por lo que ha reclamado una respuesta de la Generalidad ante un nuevo contexto de pobreza provocado por la crisis y la precarización de las condiciones laborales.
Efectos del nuevo paradigma laboral
Guiteras ha asegurado que tampoco el empleo es una garantía para salir de los márgenes de la pobreza. Cerca de 240.000 asalariados cobran menos de 650 euros al mes, según el estudio, razón por la cual la presidenta de la Mesa del Tercer Sector ha instado al consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, a afrontar la reforma de la prestación con "la máxima celeridad".
A su vez, el autor del informe, el politólogo Ernest Gutiérrez, señala en sus conclusiones que el cambio en el paradigma laboral, que provoca "trayectorias laborales discontinuas", esto es, concatenación de contratos en precario y tiempo de paro entre empleos, hace necesaria la implementación de nuevos sistemas de ayudas para "complementar los salarios que están por debajo del umbral de la pobreza", es decir, los 9.000 euros al año mencionados.