El Gobierno asegura que perseguirá política y legalmente la creación de un censo ilegal para la eventual consulta de Mas

El Gobierno ha garantizado que perseguirá política y legalmente infracciones como la elaboración de un censo electoral ilegal, tal y como ha previsto llevar a cabo la Generalidad de cara a la eventual celebración de un hipotético referéndum secesionista.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de la líder de UPyD, Rosa Díez, el Ejecutivo ha asegurado que su obligación es "cumplir y hacer cumplir todas las leyes", lo cual incluye el compromiso de "perseguir y/o procurar la persecución, a través de los medios adecuados, tanto legales como políticos, de las infracciones que se cometan contra las mismas".

Díez instaba al Gobierno a ratificar su compromiso con la ley después de que se conociera que la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Joana Ortega, contaba con un equipo de trabajo para elaborar un "censo propio" y una partida presupuestaria de cinco millones de euros que, según el Gobierno autonómico, es ampliable en función de si existo o no "colaboración" del Ejecutivo.

En concreto, la líder de la formación magenta interpelaba al Ejecutivo de Rajoy, primero, si iba a permitir que la Generalidad siga trabajando en ese censo, si iba a requerir al presidente autonómico, Artur Mas, la paralización del mismo y si, en caso negativo, iba a utilizar los mecanismos políticos y legales previstos tanto en la Constitución como en el Código Penal.