El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de finalizar la instrucción del caso Clotilde concluyendo que hay indicios suficientes como para acusar al diputado autonómico de CiU Xavier Crespo de los delitos de prevaricación y cohecho por favorecer a la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret de Mar (Gerona), concediéndoles licencias de obras a cambio de suculentas comisiones.

Según avanzan El Confidencial y El Mundo, la jueza instructora, Maria Eugènia Alegret, considera que Crespo -que está imputado por esta causa desde febrero de 2013- rebajó en 2009 un 50% del coste de la licencia de obras para construir un centro comercial en la antigua plaza de toros de la localidad gerundense, que entonces ascendía a 267.508 euros, a la sociedad DDC, propiedad del empresario ruso Andrei Petrov. Además, le eximió de presentar el aval de 1,9 millones de euros establecido para garantizar la correcta ejecución de las obras, entre otros favores.

A cambio, la empresa rusa patrocinó los equipos de futbol y de hockey patines de Lloret -donde jugaban algunos hijos de Crespo, que también cobraron una ficha inexplicable, y cuya esposa era directiva- con 270.000 euros, pagó al entonces alcalde y a su familia dos lujosos viajes a Rusia, y le regaló un reloj valorado en 3.000 euros, entre otras cosas. En Rusia, Crespo habría contactado con Viktor Kanaikin, líder de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero que amparaba a DDC.

Además de Crespo y Petrov, el TSJC también implica en la trama a la arquitecta Pilar Gimeno -amiga de Crespo e intermediaria con Petrov-; al concejal Josep Valls; al responsable del equipo de hockey Joan Perarnau; al mano derecha de Petrov, Konstantin Michanin; y a los empresarios Eduard Coloma y Rafael Ballo.

Implicado en el escándalo de los centros de salud del Maresme y la Selva

Se da la circunstancia de que Crespo también ha estado implicado en el escándalo de la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM) y de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, que se destapó a mediados de 2012.

El diputado autonómico de CiU y su esposa habrían colaborado en dilapidar supuestamente 1,3 millones de euros de forma injustificada, de los que ellos mismos fueron unos de los principales beneficiarios. A través de sueldos no previstos en los contratos ni en los convenios, pagos irregulares, dietas desmesuradas y complementos indebidos, ambos habrían recibido 209.000 euros en sobresueldos irregulares.

Estas infracciones fueron detectadas por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en 2005, pero la institución autonómica decidió ocultar el informe resultado de la investigación en 2006, previa presión por parte de CiU.

En enero de 2011, antes de que saltasen a la luz todos estos casos y poco después de la llegada de Artur Mas a la Presidencia de la Generalidad, el nombre de Crespo sonó para ocupar la Secretaría de Seguridad -con los Mossos d'Esquadra a su cargo-. De hecho, él mismo lo anunció por escrito a los funcionarios del Ayuntamiento de Lloret, aunque nunca llegó a producirse. Pocas semanas después, comunicó que renunciaba al cargo sin explicar los motivos, lo que generó todo tipo de especulaciones. Unas especulaciones que, con el paso del tiempo, parece que se están aclarando.