Primera condena contra un ayuntamiento por financiar una entidad independentista

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Gerona ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Garriguella (Gerona) para pagar una cuota anual de 75,50 euros a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), dirigida por el polémico alcalde de Vic y ex dirigente de UDC, Josep Maria Vila d'Abadal, y colaboradora habitual de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La sentencia señala que los ayuntamientos no pueden destinar fondos públicos a intereses o proyectos que excedan el ámbito de sus competencias, y promover la secesión de Cataluña no es una de ellas.

"En el presente caso es claro el intento de afectación de recursos públicos a fines que no guardan conexión con los ámbitos competenciales atribuidos a las entidades locales, por lo que el motivo de impugnación debe ser estimado", subraya el juez, que recuerda que "autonomía no es soberanía", y toma como referencia la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en 2006 en relación al pago de dos ayuntamientos del País Vasco a la plataforma independentista Udalbitza.

692 ayuntamientos adheridos a la AMI

Más allá de que se trate de una cuota minúscula, la importancia de la sentencia estriba en que se trata de la primera de este tipo que se produce en Cataluña, avalando plenamente lo solicitado por la Delegación del Gobierno en Cataluña. Además, condena al Ayuntamiento a asumir el pago de las costas.

De hecho, la Delegación tiene abiertos una treintena de procesos similares frente a otros tantos consistorios de la AMI, a la que están adheridos un total de 692 de los 947 ayuntamientos catalanes, 38 de los 41 consejos comarcales y dos de las cuatro diputaciones provinciales.

La cuota más alta abonada a la AMI de la que se tiene constancia corresponde a un pago de 8.169 euros realizado por el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona), presidido por CiU, la misma formación que controla el Consistorio de Garriguella.

En los últimos meses, la Delegación del Gobierno también ha ido ganando todos los procesos judiciales resueltos contra los ayuntamientos catalanes que se negaban a izar las enseñas oficiales -normalmente, eludían colocar la de España-, incumpliendo de esa forma la Ley de Banderas.