La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a dos años de suspensión del cargo al juez Joaquín Ortiz Blasco, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abuso en el ejercicio de su función.

La sentencia, que recoge este martes El País, estima probado que Ortiz Blasco asesoró a empresarios que habían recurrido en su sala litigios vinculados a la concesión irregular de licencias de ITV en Cataluña, trama en la que está imputado, entre otros, el ex secretario general de CDC Oriol Pujol:

"La actuación del acusado", reza el fallo, "valorada en su conjunto, y teniendo en cuenta su prolongación en el tiempo, su naturaleza y los actos en los que se materializó, comprometieron sin duda su imparcialidad y objetividad, pues estaba destinada a favorecer los intereses de una de las partes en litigio", concluye.

Para más señas, el TS, bajo la ponencia de Juan Saavedra, califica la relación entre el magistrado del TSJC y uno de los empresarios "de amistad, entendida como una relación de afinidad y contacto recíproco, pues se veían con cierta frecuencia para comer y cenar, viajaron juntos al extranjero al menos en una ocasión, y mantenían un contacto constante a través del correo electrónico".

Los "consejos" de un juez "amigo"

De este modo, el Alto Tribunal considera probado el hecho de que el acusado mantuviera "con regularidad" contactos con Ricard Puignou y Enric Marugán, dos de los empresarios que litigaban por la concesión de licencias de ITV y a la sazón imputados en la misma trama que salpica al hijo del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol.

Según algunos de los correos que se intercambiaron los empresarios citados, Marugan preguntó a Puignou "¿Hablaste con el juez?", a lo que este respondió "Mañana ceno con él y aclararemos muchas cosas".

Por lo demás, el TS da por probado que el magistrado del alto tribunal autonómico "intercambió y comentó con ellos, de manera continuada, información sobre determinadas actuaciones judiciales relacionadas con dichos recursos, envió un modelo al que ajustar la presentación de uno de los recursos; habló con el abogado sobre otro de ellos y promovió reuniones y encuentros con las letradas de la Generalidad de Cataluña, la administración contra la que Certio litigaba".

En este sentido, la Sala de lo Penal del TS ha querido dejar constancia de que tiene presente la siguiente consideración:

"No todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal".

"Estos presupuestos", concluye el fallo, "se cumplieron en el supuesto de autos". Certio IT, la empresa gestionada por los "amigos" del magistrado, llegó a presentar un recurso, asesorada por el propio juez, contra la adjudicación de un lote de estaciones de ITV por parte del tripartito. Aquel concurso público ha sido el que, presuntamente, ha dado inicio a la trama corrupta que pretendía un nuevo concurso de acuerdo a sus intereses.