La fiscalía sigue pidiendo cinco años de cárcel por el cerco al Parlamento autonómico

La fiscalía ha decidido mantener su petición de cinco años y medio de prisión, por un delito de atentado contra la autoridad y otro contra las Instituciones del Estado, para los 19 acusados por el cerco al Parlamento autonómico de junio del 2011. También pide una multa de 7.500 euros para cada uno de los imputados.

La petición, que se ha elevado a definitiva, ante la Audiencia Nacional, ha sido acompañada por la acusación particular, que ejerce el sindicato ultraderechista Manos Limpias, y que también ha mantenido su petición de ocho años y medio para los 19 acusados.

Más suaves son las acusaciones de la Generalidad y del Parlamento autonómico, que piden tres años de cárcel para algunos de los 19 imputados.

"Fundado temor"

En su escrito de conclusiones preliminares, la fiscalía destaca que ese 15 de junio, los diputados autonómicos que se dirigían al pleno fueron "rodeados e increpados" por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento [autonómico] mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos". También cree que los imputados provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los parlamentarios.

Asimismo, el escrito de la fiscalía recuerda que el propio presidente de la Generalidad, Artur Mas, tuvo que llegar al edificio de la cámara autonómica por el "método absolutamente inhabitual" de usar un helicóptero.

Aquel 15 de junio, manifestantes rodearon el Parlamento autonómico, que ese día debía debatir los presupuestos de la Generalidad de 2012, con el ánimo de impedir o dificultar el accesos de los diputados, y en protesta por los recortes presupuestarios. Al pleno solo asistieron 70 de los 135 diputados.