La Generalidad utiliza los espectáculos taurinos como moneda de cambio

Las tientas, espectáculos taurinos destinados a turistas en que los animales son toreados con capa, muleta y banderillas de madera para decidir si han de destinarse a las plazas o al matadero, desvelan que la Generalidad, lejos de querer eliminar las corridas, ha mantenido hasta ahora un pulso con el resto de España, también en este asunto, que ahora se ha demostrado poco menos que ambiguo.

En agosto de 2012 se celebró una 'tienta taurina' en la finca privada Ullal, una explotación ganadera de cría de toros situada en la localidad tarraconense de Alfara de Carles, donde cinco autobuses con 238 turistas de origen ruso, previo pago de la correspondiente entrada, asistieron a la actuación de los toreros profesionales Rubén Marín Laguna y Alejandro de Benito Fernández.

La plataforma animalista Prou! -¡Basta!-, que logró en 2010 que el Parlamento autonómico refrendara una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 180.000 ciudadanos para prohibir las corridas en Cataluña, y que vetaba "los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros" -con la notable excepción de los correbous, característicos asimismo de la provincia de Tarragona- se puso en marcha de nuevo al considerar que la Generalidad "pretende volver a permitir las corridas de toros en Cataluña ninguneando la decisión tomada por el Parlamento [autonómico]".

El 25 de abril de 2013, pues, esta plataforma interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Natural, en manos de Josep Maria Pelegrí (CiU), de quien exigían su dimisión "o bien la transferencia de las competencias en materia de protección de animales a otro departamento".

"Ganar en los juzgados lo que hemos ganado en el Parlamento autonómico"

Anna Mulà, abogada de la plataforma e impulsora de la ILP de 2010, denunció los hechos acontecidos en Alfara de Carles, que fueron confirmados en una inspección realizada por los Mossos d'Esquadra el 20 de agosto de 2012. La policía autonómica relató entonces que "durante el acto ninguna persona bajó a la plaza ni el animal, presuntamente, sufrió ningún tipo de lesión".

Advertían, no obstante, de que los propietarios de la finca Ullal "no disponían de ningún tipo de autorización" y que "durante el acto no hubo presencia de ambulancia ni servicio médico, ni tampoco asistencia de veterinario, ni de una comisión de toros o una persona experta en toros".

Con todo, la Secretaría General de la Consejería que dirige Pelegrí se limitó a responder que los hechos expuestos "no constituyen una infracción del texto de reforma de la Ley de Protección Animal", puesto que, según se interpreta, las actividades denunciadas "no están incluidas en la prohibición del artículo 6.1.f" ni "requieren de una autorización específica".

Es en este contexto en que Prou! acude a los tribunales para que se pronuncien sobre unas prácticas que la plataforma considera "ilegales" y "clandestinas", puesto que ya en septiembre del año pasado apuntaba que "tendremos que ganar en los juzgados lo que ya hemos ganado en el Parlamento [autonómico]".

La Generalidad, "amenaza interna"

"Siempre tuvimos miedo de que la ley fuera frenada por el PP o por el lobby taurino, pero no desde la propia Generalidad", lamentan desde esta plataforma. Y en efecto, es la Generalidad quien, después de que, finalmente, el juzgado contencioso administrativo número 17 de Barcelona decretara la suspensión cautelar de estos espectáculos, procura defender la legalidad de las tientas taurinas apelando nada menos que al real decreto de 1996 por el que se establecía qué hay que entender por espectáculo taurino.

En este sentido, el abogado de la Generalidad ha incidido en los argumentos de Pelegrí, y razona ahora que las tientas, con público o sin él, "no tienen encaje en ninguna de las modalidades establecidas en el reglamento estatal de espectáculos taurinos" ni en la propia ley 28/2010 que incorporó, en el artículo 6.1.f antecitado, la prohibición expresa de cualquier espectáculo de toros celebrado dentro o fuera de las plazas.

Ha remitido, además, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la exigencia de que se suspendan las medidas cautelares, y conmina al tribunal contencioso administrativo a garantizar la continuidad de esas prácticas. El letrado arguye para ello que lo que sucede en Alfara de Carles es lo propio de este tipo de negocio y, por tanto, no requiere de autorizaciones específicas. "Sería como si una explotación de vacas lecheras tuviera que pedir autorización a la administración para muñir a las vacas, cosa totalmente absurda", razona.

La presidenta de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona, Anna Mulà, ha constatado de este modo que la "amenaza interna" tiene nombre en Cataluña, la propia Generalidad, pese a defender a capa y espada en 2010 una normativa que posteriormente el PP llevó al Tribunal Constitucional y utilizar aquella pugna como una nueva afrenta a Cataluña. Ahora, es el Gobierno autonómico quien apela a la legislación española para tratar de escurrir el bulto y ganarse de paso el aplauso -y soñar con el voto- de quienes en Tarragona defienden este tipo espectáculos.